Dos años sin terror pero con ETA viva

Euskadi amanecerá mañana con la satisfacción de cumplir dos años sin terrorismo. Los 24 meses transcurridos desde el comunicado en el que ETA anunció la renuncia definitiva a los asesinatos y la extorsión no han traído consigo la desaparición de la banda ni la entrega de sus arsenales, pero los partidos vascos, y también los nacionales, coinciden en que, pese al actual atasco en el proceso de liquidación de la violencia, se ha abierto lo que bautizan como «un nuevo tiempo».

El factor esencial de esta nueva etapa es el convencimiento general, del que participan desde los responsables policiales a los líderes de la izquierda abertzale, de que pese a que aún falta tiempo para que la organización terrorista pase a la historia y se logre la normalización en el País Vasco, un proceso en el que prevén avances y retrocesos, la ETA que tiñó España de luto durante 40 años, con 858 asesinatos y miles de heridos y mutilados, ya no volverá. Todos coinciden en que el terrorismo independentista se ha acabado y solo los más pesimistas guardan como único temor la hipotética aparición de una escisión marginal de elementos radicales que pueda tratar de atentar durante un tiempo a la desesperada, como una suerte de Grapo y como ocurrió en Irlanda del Norte.

El convencimiento del fin de los crímenes ha traído como consecuencia inmediata la pérdida de capacidad de ETA para condicionar la política vasca y la emergencia de una sociedad y una realidad política fundamentalmente preocupadas, como el resto de España, por combatir la crisis económica. El proceso de liquidación del terrorismo importa, pero ya está en un segundo escalón, y, a diferencia de Cataluña, ni siquiera el debate soberanista hace sombra a la prioridad por minimizar las colas del paro.

El Gobierno vasco, liderado por un PNV escarmentado del fracaso de la vía frentista del plan Ibarretxe, que tuvo como una de sus consecuencias la alianza política PSE-PP que le expulsó en 2009 del poder, ha optado por la estrategia contraria a la de Artur Mas y se ha marcado como prioridad absoluta la recuperación de la economía vasca. También quiere un ‘nuevo estatus político’ para el País Vasco, una relación bilateral con el Estado, pero, a diferencia de CiU y Esquerra, solo está dispuesto a lograrlo desde un pacto transversal con el acuerdo al menos de socialistas e izquierda abertzale, en un proceso negociado con el Gobierno central dentro de la legalidad, y sin prisas.

Consulta para 2015

Aunque Íñigo Urkullu aspira a una consulta sobre la nueva relación con el Estado para 2015, ha confesado que no pasaría nada si al final el referendo soberanista no se pudiese celebrar hasta 2020. El fruto más reciente del retorno peneuvista a la centralidad política vasca es el acuerdo cerrado en materia económica y fiscal con los socialistas de Patxi López, al que a última hora se ha sumado el PP para no quedarse fuera de juego. Ha inaugurado, tras quince años de abierto enfrentamiento político, una colaboración con el PSE que algunos prevén que puede extenderse a otros aspectos de la gobernabilidad y que, además, reduce notablemente la influencia política de Bildu que, pese a ser la segunda fuerza, como consecuencia de este pacto se puede quedar en minoría incluso allí donde gobierna, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.

Pero, mientras el «nuevo tiempo» político avanza con más o menos dificultad en la Euskadi del posterrorismo, lo que está literalmente bloqueado es el proceso para la liquidación de ETA y los llamados planes de paz y convivencia. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene a la banda por derrotada, le da igual sus demandas, comunicados o deseos, y ha descartado hacer un solo gesto o concesión a la organización, ni en política penitenciaria ni en nada, aunque le digan que con ello aceleraría su disolución definitiva. No va atender las peticiones de PNV y PSE para que motive a la organización con acercamientos de reclusos o liberación de reos enfermos.