Un juzgado acusa de abandono a los padres de un niño con síndrome de Down que se niegan a llevarlo a un centro especial

Tercer curso sin escuela inclusiva para Rubén aunque su agenda lectiva está repleta de actividades. Es viernes. Tres horas de ludoteca por la mañana y tres cuartos de hora con la logopeda por la tarde en Amidown. Y, por fin, a descansar y disfrutar del fin de semana. A Rubén le gusta jugar con su hermano mayor y sale mucho al parque.

El lunes, vuelta a empezar. Habilidades sociales y comunicativas y taller de teatro en Amidown. El martes por la mañana ludoteca y por la tarde, piscina climatizada. El miércoles apoyo psicoeducativo, autonomía y deporte en Amidown. Y el jueves piscina terapéutica y logopedia con Miguel Ángel González, psicólogo del niño desde casi su nacimiento.

Pero esta agenda es transparente, no existe, para la comisión de absentismo escolar y para la Fiscalía de León que ha denunciado al padre y a la madre de Rubén por un presunto delito de abandono de familia. Con sus informes y denuncias, el juzgado de instrucción número 3 de León imputa a Alejandro Calleja y a Lucía Loma.

El padre y la madre están citados a declarar el martes. Su postura es firme. «Nuestro hijo no está abandonado, sino todo lo contrario. Para mí abandonarlo es permitir que sea segregado en un colegio especial», argumenta Alejandro Calleja. Su ariete es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que España está obligada a cumplir desde el año 2008.

El artículo 24 de esta convención obliga a los Estados a «asegurar la igualdad de acceso a la educación», así como a «emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados» y proporcionar al alumnado que lo precise «medidas de apoyo» adaptadas a su diversidad funcional.

La familia cuenta con el respaldo de la asociación Solcom, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social. «Es la administración la que debería estar investigada e imputada porque es la que está violando el derecho del menor», dice tajante, María del Mar Álvarez, representante de Solcom en Castilla y León y vocal en la junta directiva nacional.

El auto de imputación llega casi dos años después de que se reuniera la comisión de absentismo escolar a la que la trabajadora social del Ayuntamiento elevó el único informe que se ha hecho sobre el caso y cuya conclusión es el «envío a Fiscalía por no asistencia del menor al centro escolar y reconocimiento del padre de no cambiar esta actitud en caso de no conseguir escolarización en centro escolar de integración».

Fue el padre de Rubén quien acudió voluntariamente a la comisión de absentismo escolar y nunca más le volvieron a llamar. La siguiente noticia que ha tenido es la citación del juzgado número 3 en la que aparecen imputados él y su esposa por abandono familiar.

La denuncia parte de la Fiscalía, tal y como recoge la cédula de citación. Avelino Fierro, teniente fiscal de León, señala que es uno de los pocos casos que se ha remitido al juzgado por absentismo en los dos últimos años, desde que se puso en marcha esta práctica en León.

«La mayoría se solucionan en la entrevista que mantengo con las familias antes de enviarlo al juzgado», admite. En el caso de Rubén el fiscal explica que no ha llamado a la familia a declarar porque «está clara su postura de no escolarizar a su hijo en el colegio Sagrado Corazón».

La pena por el delito de abandono de familia puede ser de prisión e incluso de retirada de la guarda y custodia. El letrado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, confía en que las diligencias queden en suspenso a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional.

Ruben Calleja Loma va a cumplir catorce años y desde hace tres cursos está fuera de la escuela ordinaria. En 2011, la Dirección Provincial de Educación ordenó su escolarización en el colegio especial Sagrado Corazón y la familia reclama «el derecho de su hijo a una escuela inclusiva de acuerdo con lo que establece la Convención Europea de Personas con Discapacidad a la que España se suma en 2008», insiste su padre.

El caso espera en las puertas del Tribunal Constitucional, hasta donde llegaron Alejandro y Lucía para defender la causa de Rubén con un recurso de amparo el pasado 30 de abril apelando a los artículos 27 y 14 de la Constitución Española.

El Alto Tribunal es el penúltimo peldaño en una larga batalla judicial que comenzó en León en el año 2011 cuando recibieron la llamada telefónica del colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón para matricular allí a su hijo. Rubén tenía 11 once años y desde los tres asistía a clase en una escuela inclusiva de la capital, el colegio González de Lama.

La familia planteó batalla primero de palabra y luego por escrito ante la administración educativa y ante la jurisdicción contenciosa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite en su sentencia que «efectivamente, la situación en el centro no fue la adecuada a las necesidades del menor» y que «faltó colaboración de parte del profesorado».

Pero no transige con la petición de la familia para que sea escolarizado en un centro ordinario. Los informes del equipo psicopedagógico, que recomiendan esta derivación, son definitivos en el caso de Rubén. No sólo su familia y Solcom, sino también el psicólogo Miguel Ángel Castañón, que conoce a Rubén desde su nacimiento, cuestionan este informe técnico.

En el colegio González de Lama «todo fue bien» hasta el curso 2009-10. La familia empezó a notar que el niño «estaba más nervioso e inseguro y nos decía que no estaba contento en clase». El curso terminó con normalidad al cambiar de maestro en enero, debido a una baja por enfermedad del titular.

Al siguiente curso las cosas se volvieron a torcer para Rubén. «El maestro (otro maestro) se negaba a que estuviera en el aula la Auxiliar Técnica Educativa o Cuidadora», explica la familia. El niño fue derivado al equipo de atención a problemas de conducta y sometido a tres informes psicopedagógicos en 15 meses.

Cuando se celebró el juicio contra la decisión de la administración educativa de escolarizar a Rubén en el colegio especial la familia se llevó una gran sorpresa. Las madres de los compañeros de Rubén que fueron a testificar refirieron episodios de presunto maltrato físico y psicológico del maestro hacia el menor.

La denuncia ha sido archivada por la Fiscalía por dos veces, en 2011 y 2013. El fiscal, Avelino Fierro, no aprecia que las conductas descritas relatadas por los testigos sean maltrato. Según la versión que llegó a las madres de boca de sus hijos el maestro amenazó a Rubén en cierta ocasión con «tirarle por la ventana» mientras le agarraba y le ponía al lado del vano y en otro momento de tensión «levantó una silla y le amenazó con ella».

El auto de archivo se centra en el comportamiento «disruptivo» del menor en el aula y en la decisión adoptada por Educación de escolarizar a Rubén en un centro especial. Pero no considera que las conductas tuvieran «la habitualidad, intensidad suficiente o dolo específico y finalístico de vejación, denigración o humillación» para abrir diligencias.