«Se criminaliza a los padres que ejercen un derecho reconocido»
Juan Rodríguez Zapatero es letrado de Solcom y acaba de participar en un congreso nacional sobre la educación inclusiva con una ponencia en la que sostiene que «los centros educativos especiales son incompatibles con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad».
El martes acompañará a Alejandro Calleja y a Lucía Loma al juzgado de instrucción número 3 de León para declarar ante el juez por presunto abandono de familia. Su tesis es que «esta imputación carece de fundamento y además interfiere con un proceso que aún no ha finalizado», señala.
Mientras no haya una resolución del Tribunal Constitucional el proceso judicial está vivo, entiende el letrado, porque «la resolución que ordena escolarizar a Rubén está pendiente de amparo», precisa.
Asimismo, agrega que «quien está ejerciendo un derecho», como en este caso el padre y la madre de Rubén, «no puede estar cometiendo un delito» y reprocha que se «pretende criminalizar a los padres que ejercitan un derecho reconocido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad».
El abogado plantea la duda sobre la actitud de la administración ante otros derechos reconocidos a las familias en cuanto a la educación de sus hijos e hijas. «La administración no puede interferir en el derecho a elegir el centro», recalca.
También hace hincapié en la situación de «grave indefensión y desamparo a que se ven abocados los padres, y sus hijos menores, que quieren ejercer este derecho».
Por un lado, explica, «si acatan la resolución de la administración incurren en una práctica segregadora» hacia sus propios hijos e hijas y si no la acatan «se ven inmersos incluso en procesos penales» como es el caso de Alejandro y Lucía, en León, y de Azucena y José Alberto, en Palencia, quienes también fueron imputados por abandono de familia. Su recurso de amparo contra la segregación escolar de su hijo con autismo ha sido admite a trámite en el Tribunal Constitucional.
Cuando salga la sentencia será «un referente para nuestra jurisprudencia», apunta Rodríguez Zapatero.
El letrado entiende que es «urgente» resolver este dilema por la vía legislativa con la creación de medidas cautelares y medidas de arbitraje para que no quede en manos de la administración el ejercicio de un derecho fundamental.
«El derecho fundamental queda vacío de contenido si es la administración la que decide discrecionalmente el modelo de escolarización», precisa.
En cuanto al archivo de las denuncias por maltrato en el anterior colegio de Rubén, el letrado considera que la fiscalía entra «en una valoración que sería más propia de una sentencia» y echa en falta diligencias.