Fabra intenta recuperar el control de Canal 9 con un decreto-ley de urgencia
Los consejeros de la oposición toman el control del consejo de administración .
El presidente del PPCV, Alberto Fabra, a su llegada a la reunión de ayer.
En el sainete que se ha convertido el cierre de la Radio Televisión Valenciana ayer se vivió un episodio singular. Tras la dimisión el miércoles de la directora general y los cuatro representantes del PP en el consejo de administración, los otros cuatro vocales del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida se hicieron ayer con el control del ente. Un movimiento que cogió desprevenido al Gobierno de Alberto Fabra, que tuvo que improvisar sobre la marcha un decreto-ley para recuperar el timón de la radio y la televisión autonómicas.
El decreto, que se publicó de inmediato en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, establece que el Gobierno autonómico nombrará de forma provisional un nuevo director general y cubrirá las vacantes de los consejeros dimitidos para asegurar «el normal funcionamiento» de RTVV. Estos nombramientos son competencia de las Cortes autonómicas, pero ante la inédita situación el Gobierno de Fabra adoptó una medida «excepcional».
La Generalitat se vio superada por los acontecimientos una vez que los cuatro consejeros de la oposición, en cumplimiento del Estatuto de la RTVV, reunieron el consejo de administración en las instalaciones del ente autonómico y se hicieron con las riendas de la gestión de las cadenas de radio y televisión. Estos cuatro representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida no pueden ser destituidos por el Gobierno ya que fueron nombrados por las Cortes y solo ellas tienen la competencia de destituirles.
Este hecho, junto a la continuidad de la programación autogestionada por los trabajadores y con una audiencia creciente, llevó al Gobierno del PP a recurrir al decreto-ley a la desesperada.
Trámites
Las Cortes, en las que el PP tiene mayoría absoluta, puede revocar los mandatos de los consejeros opositores, pero el trámite parlamentario requiere un tiempo que el Gobierno no está dispuesto a conceder. El Ejecutivo, además, está incapacitado para silenciar las cadenas porque firmó un contrato programa con la RTVV que deja en manos del ente la gestión en todos sus aspectos.
Fabra, entretanto, logró el respaldo por unanimidad de la dirección regional del PP. Un apoyo que tuvo tibios acompañamientos de otros barones territoriales. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, indicó que si se produjera «una situación similar» en la radio y televisión gallegas «probablemente hubiera hecho lo mismo». La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, recurrió al argumento del presidente valenciano de que «la prioridad» está en las políticas sociales y no en tener una televisión autonómica endeudada.