Piden a Rajoy que transfiera a Cataluña el poder para convocar un referéndum
Las fuerzas catalanas que están a favor de la celebración de una consulta soberanista realizarán entre febrero y marzo del año que viene una petición formal en el Congreso para poder organizar un referéndum legal en 2014.
CiU, ERC, ICV —el PSC y la CUP se han caído en un principio del consenso— anunciaron ayer que han pactado llevar a Madrid la reclamación al Estado del traspaso de la competencia de convocar referendos. Los partidos soberanistas invocan el artículo 150.2 de la Constitución, que permite a la administración central «transferir o delegar» atribuciones a las comunidades autónomas, como sucedió en el caso de la gestión del tráfico por parte de los Mossos d’Esquadra.
La opción del artículo 150.2 es una de las cinco vías que el consejo asesor para la transición nacional que creó Artur Mas había identificado como posible marco legal para la celebración de la consulta. Los partidos catalanes, por tanto, se han decantado por el camino más parecido al del referéndum escocés, según el cual Londres cede temporalmente a Edimburgo su competencia para convocar referendos.
Las otras dos opciones que más barajaban los partidos soberanistas eran una reforma de la Constitución que transfiriera a las comunidades autónomas las competencias en esta materia, aunque esta posibilidad era más a largo plazo, o la vía del artículo 92 de la Carta Magna, que supone que sea el Estado el que active el referendo, convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización del Congreso.
Esperamdo el ‘portazo’
Todas las formaciones del arco parlamentario catalán dan por hecho el no de Rajoy a la petición catalana de una consulta legal, porque ya ha dicho que no está dispuesto a negociar nada que afecte al artículo 1.2 de la Constitución que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Pero la parte catalana asume el portazo como un ejemplo más que legitimará sus próximos pasos en el proceso soberanista: convocar la consulta según la ley catalana de consultas aunque el Estado no lo permita, como propone ERC, o celebrar elecciones autonómicas con carácter plebiscitario, según es la prioridad de Artur Mas.