PSOE ve represiva la futura ley de Seguridad Ciudadana e IU anuncia protestas

El PSOE e Izquierda Unida han tachado hoy de "represivo" y de "mordaza" el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ha avanzado el Gobierno y contra el que IU se movilizará, aunque Interior ha visto "apresuradas" las críticas a un texto en fase "muy preliminar" y para el queda "mucho debate" aún.

Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también la más representativa en el instituto armado, han observado algunas "lagunas" y han reprochado a Interior que la propuesta rebaje la protección a los agentes.

Son las reacciones que ha suscitado un día después la difusión de las líneas generales del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches.

Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros insultar o injuriar a los agentes o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

Interior prevé también, entre otras sanciones administrativas, multar a los clientes y prostitutas que ejerzan esa actividad en zonas donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.

Ha sido el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha salido al paso de las críticas, que ha tildado de "apresuradas", ya que el texto está en fase "muy preliminar".

Según Martínez, el anteproyecto pretende asumir una nueva realidad punitiva en España que surge por la reforma del Código Penal, del que se eliminan las infracciones tipificadas como faltas que pasan a ser infracciones administrativas (muy graves, graves y leves) que se recogerán en esta ley.

"Si estamos diciendo que el derecho penal es el último estadio, el hecho de que algunas conductas salgan de esa norma y sean infracciones administrativas a priori no se me ocurre que sea una medida reaccionaria", ha sostenido.

Pero para el PSOE, se trata de una "represión ciudadana" impropia de un sistema democrático. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha acusado al Gobierno de pretender "castigar" a los ciudadanos por conductas que los jueces no consideran delictivas.

"Que el PP no cuente con nosotros para nada. Sólo tendrá enfrente la oposición clara y rotunda del PSOE", ha advertido

La Izquierda Plural en el Congreso, por su parte, ha prometido movilizaciones contra el anteproyecto para que la ley "nazca muerta".

Si la ley Corcuera -aprobada en 1992 y anulada un año después por el Tribunal Constitucional- era también conocida como la "ley de la patada en la puerta", la del Gobierno de Mariano Rajoy es la "ley de la patada en la boca a la democracia", ha dicho el diputado de ICV Joan Coscubiela.

Al portavoz del PNV en la Cámara, Aitor Esteban, le llama la atención "la cantidad" de las sanciones pecuniarias que se están proponiendo y que son "un tanto exageradas".

"Yo creo que el mejor blindaje de las instituciones viene por la adhesión ciudadana hacia ellas y no tanto por las medidas policiales que se puedan implantar", ha subrayado.

Por parte de las fuerzas de seguridad, el portavoz del SUP, José María Benito, ha lamentado que los agentes estarán menos protegidos con, ya que la mayoría de las multas que se incluirán en ella tenían penas de cárcel en el Código Penal.

Benito ha dicho que el anteproyecto contiene "muchas lagunas" y "rebaja" el reproche a determinadas acciones contra los agentes, porque mientras ahora son considerados delitos, con el nuevo texto serán infracciones.

De la misma opinión ha participado la AUGC,que además ha considerado que el anteproyecto supone una limitación de los derechos de manifestación de los ciudadanos y un aumento de la carga de trabajo para los agentes en un momento en que la plantilla es más reducida.

Por el contrario, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha resaltado la "gran sensibilidad" de Interior hacia las demandas del cuerpo.

El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas Hetaira también se ha pronunciado y ha dicho que la iniciativa criminalizará a las trabajadoras del sexo y las dejará en una situación de "aún mayor vulnerabilidad".

Todo lo contrario que las asociaciones de comerciantes y vecinos de la zona centro de Madrid, que han aplaudido esta iniciativa, así como que se multe con hasta 30.000 euros a los conductores de "cundas" o taxis de la droga.

Tres asociaciones de periodistas e informadores gráficos han pedido una reunión con Interior para abordar "posibles discrepancias" con el borrador, y han mostrado su preocupación por que algunos artículos "pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas".