La oposición denuncia que se trata de asfixiar por ley las protestas

El programa legislativo de orden público que quiere aprobar el Gobierno en la segunda mitad de su mandato, y que tiene entre sus máximos exponentes las leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada y la reforma del Código Penal, va a chocar con las generalizadas críticas de la oposición, que, salvo CiU con objeciones menos contundentes, ya ha denunciado que los proyectos del Ejecutivo limitan e incluso violan derechos fundamentales, y suponen un giro del PP hacia políticas ultraconservadoras.

El primer aviso a los planes de Mariano Rajoy llegó ayer en el pleno del Congreso, cuando toda la oposición, con algunos matices por parte del nacionalismo catalán, se adhirió a una moción del PSOE que pide al titular de Interior, Jorge Fernández, que devuelva al cajón el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana por considerar que lo que ha trascendido de su contenido no es más que una «ley mordaza», un intento de «restringir» derechos ciudadanos y de tratar de impedir a base de multas las protestas contra los recortes. La mayoría absoluta del PP derrotará hoy sin dificultades la moción socialista, pero su portavoz se quedó solo defendiendo las bondades del proyecto de Interior.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se enfrentará hoy a una situación similar cuando defienda ante el pleno del Congreso la admisión a trámite del proyecto de reforma del Código Penal, en el que entre novedades incluye la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves o la posibilidad la extensión de la libertad vigilada a los ex reclusos sobre los que recaigan sospechas de reincidencia. Toda la oposición, salvo UPyD, pedirá la devolución del texto al Gobierno por considerarlo «populista» y en algunos casos inconstitucional. El rechazo a la prisión permanente revisable, que la mayor parte de los grupos traduce por una cadena perpetua encubierta, se perfila como el gran caballo de batalla del debate parlamentario.

De hecho, ambos proyectos tienen un elemento que los conecta, la inclusión de los escraches antidesahucios o las protestas ciudadanas con incidentes en el anteproyecto de Seguridad Ciudadana como infracciones administrativas graves porque el Código Penal va a vaciarse casi totalmente de faltas, la infracciones delictivas menores. Este es justo uno de los puntos más criticados por la oposición, que considera que el Ejecutivo, con esta maniobra, pone el enjuiciamiento y la sanción de las infracciones generadas en las protestas callejeras en manos de los delegados del Gobierno y las despoja de la garantía para los derechos que suponía su análisis por los tribunales, que en muchas ocasiones han archivado las denuncias gubernamentales.

El PP, no obstante, tiene ya descontada la soledad parlamentaria y el desgaste político que tendrá que afrontar para sacar adelante estas leyes y otras como la del aborto, pero no tiene previsto dar un paso atrás. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó ayer en el pleno que los proyectos cercenen derechos y libertades porque su Gobierno lo único que recorta es «la prima de riesgo, el déficit y el desempleo». También negó que suponga un giro a la derecha endurecer el castigo a los delincuentes y los violentos, y aumentar la protección de las víctimas y los ciudadanos en general. Su portavoz en el debate sobre Seguridad Ciudadana, Conrado Escobar, atribuyó las críticas de la oposición a los problemas internos del PSOE y su «incapacidad para encontrar su espectro político», que le obliga a «encender el discurso de trinchera y barricada».

Los socialistas también dejaron claro que van a hacer de la denuncia del recorte de derechos y libertades ciudadanas por el PP el eje de su estrategia de oposición en los dos últimos años de la legislatura. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, pidió al Gobierno que no se equivoque y subestime «la gran fuerza de la ciudadanía, que tiene derecho a expresarse». El representante socialista en la moción de Seguridad Ciudadana, Antonio Trevín, denunció que el PP solo busca contentar con estas leyes a su ‘tea party’.

Las críticas de IU, UPyD, PNV y Grupo Mixto no fueron menos duras. Rosa Díez consideró ilegal la apropiación gubernamental del enjuiciamiento de las faltas; el PNV solo ve orden público «populista» y limitador de derechos; e IU, especialmente dura, observa un retorno a la «arbitrariedad» gubernativa del franquismo y una «ofensiva conservadora» que vuelve a traducirse en «una cruzada contra rojos, masones, independentistas y otras gentes de mal vivir».