El Gobierno avisa a Mas de que «no hay nada que negociar ni discutir»
El Gobierno ultima su ofensiva institucional y jurídica para frenar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. De momento, esconde sus cartas, pero su principal baza es el artículo 155 de la Constitución. Este precepto establece que si una comunidad autónoma incumple la Constitución u otras leyes, el Gobierno podrá requerir legalmente al presidente de dicho territorio que deponga su actitud. Si persiste en la ilegalidad, el Gobierno, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría obligar «al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Curiosamente, este artículo de la Carta Magna se ha convertido en una especie de tabú en la Moncloa al que nadie quiere referirse, al menos de momento.
El Ejecutivo sólo contempla dos posibles escenarios que, a su juicio, tendrían el mismo desenlace, la consulta nunca se celebrará. El primero, que Artur Mas recupere el «sentido común», olvide sus pretensiones separatistas y negocie un nuevo modelo de financiación autonómica que ayude a sacar a Cataluña de la crisis. El segundo, que CiU y ERC sigan adelante con su «plan suicida» hasta que la Cortes Generales y el Tribunal Constitucional ponga fin a la aventura, lo que podría provocar un nuevo adelanto electoral en Cataluña.
Soraya Sáenz de Santamaría enfatizó ayer que el Gobierno «no tiene nada que discutir ni negociar sobre la consulta». La vicepresidenta, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, calcó la hoja de ruta que expuso el jueves Rajoy y limitó la oferta de diálogo con la Generalitat a un trabajo conjunto para fortalecer los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos de los catalanes y del resto de los españoles.