Mas descarta un adelanto de las elecciones en Cataluña

Poco a poco se va conociendo el calendario que tiene en mente Artur Mas para lo que queda de incierta legislatura catalana. Un año después de jurar su cargo y con el pacto sobre la fecha y la pregunta del referéndum debajo del brazo, el próximo y principal objetivo del presidente de la Generalitat es celebrar la consulta independentista el 9 de noviembre próximo. La duda es qué hará si no consigue el permiso para la votación. El plan B de Mas consiste en disfrazar la consulta en elecciones plebiscitarias, pero en 2016. De momento, «no tiene previsto» la convocatoria de elecciones anticipadas porque sólo trabaja con la idea de que la consulta verá la luz el año que viene y retó a la oposición a que si quiere cambiar el Gobierno catalán, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura y luego respetar la mayoría parlamentaria.

Los cálculos en el Palau de la Generalitat son claros. El pacto con Esquerra le permite al Gobierno catalán contar con presupuestos para 2014. Si hay consulta, nada impedirá que CiU y ERC puedan ir de la mano en los dos años que quedarán de legislatura. Pero si el referéndum no puede celebrarse, Mas cuenta con la baza de la prórroga presupuestaria para 2015 y, trampeando, poder llegar hasta 2016 y convocar las plebiscitarias en el año en que expira su mandato. Esta es la teoría. Otras cosa será la enorme dificultad política que entrañará gestionar la no celebración del referéndum del año que viene.

Hasta entonces, Mas se ha propuesto, de cara a ganar credibilidad en el ámbito internacional y que la pierda Rajoy, agotar todas las vías posibles para que el Gobierno central autorice la polémica votación. «La consulta se hará y dentro del marco legal», dijo el presidente catalán en el último pleno parlamentario del año.

Por tercer día consecutivo, emplazó a Mariano Rajoy a abrir un diálogo en torno a la consulta y le recriminó que ahora diga que no negociará las condiciones de un referéndum independentista cuando en septiembre le envió una carta en la que se comprometía a explorar un «diálogo sin fecha de caducidad» para cuestiones de «interés general de los españoles».

Pero la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le cerró todas las puertas, como ha hecho el presidente del Gobierno en los últimos días. El Ejecutivo central no permitirá que se convoque una consulta «ilegal» y tampoco la negociará, subrayó la dirigente popular, que se comprometió a que el PP hablará con todo el que haga falta pero siempre dentro del marco de la ley.