UPyD pide al Supremo anular el nombramiento del presidente del CGPJ
Defiende que el reparto «partidista por cuotas» viola la Constitución.
Rosa Díez durante su intervención ayer en el Congreso.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide la anulación de los nombramientos de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y de los 20 vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces que fueron designados por el Congreso y el Senado en la última semana de noviembre.
El partido liderado por Rosa Díez considera que el «espurio» pacto al que llegaron PP, PSOE, IU, CiU y PNV para respaldar las 20 designaciones parlamentarias, 12 magistrados y ocho de juristas de reconocido prestigio, no es más que «un calculado reparto partidista por cuotas» de los miembros del Consejo con el objetivo de controlar este órgano, una distribución que creen viola la Constitución y supone «un peligro para la independencia de la Justicia y, por ende, para la propia democracia». De igual manera, consideran que la elección del presidente también está contaminada porque, aunque en la práctica lo eligieron los vocales, el nombre de Lesmes salió del pacto político entre PP y PSOE.
Como tercer motivo para la impugnación, la formación magenta considera que el reparto de los asientos del Poder Judicial pactado por estos cinco partidos imposibilitó a su grupo parlamentario jugar un papel en la designación de vocales para la institución, por lo que entienden también vulnerado su derecho a la participación política.
El recurso asegura que no pone en duda la constitucionalidad del sistema de elección vigente. Aunque UPyD es partidario de que los 12 vocales judiciales sean directamente elegidos por la carrera sabe que el Tribunal Constitucional no puso pegas al nombramiento parlamentario.
La impugnación es el resultado del anuncio de Díez en el Congreso de que su formación «va a dar la batalla hasta el final» contra «la politización de la Justicia» y contra un reparto de puestos que calificó de «obsceno y alevoso» que solo se explica por el deseo de controlar a los tribunales que deben juzgar los casos de corrupción política. Considera que este desembarco en el gobierno de la judicatura «cierra el círculo de la impunidad» que se inicia con el aforamiento de los políticos, el control de la Fiscalía y la política de indultos.
Mariano Rajoy descartó ayer la politización de la Justicia, acusó a Díez de «agredir» al 93% de los diputados que respaldó los nombramientos, y pidió hasta en tres ocasiones a la portavoz de UPyD que sea «más modesta» porque igual es ella quien está equivocada en este asunto y no todo el resto de la cámara.