Rajoy afirma estar «tranquilo» e impone la ley del silencio en el partido

El envío de la comisión judicial del juez Pablo Ruz a la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, cogió al presidente del Gobierno en Bruselas, en plena reunión del último Consejo Europeo del año. Y desde allí tuvo que reaccionar. El presidente del Gobierno, el único dirigente del partido que habló públicamente del asunto, trató de restar relevancia a la decisión judicial y se limitó a asegurar que ha dado instrucciones a los suyos para que sean colaboradores. «Todos -dijo- tenemos que respetar las decisiones que tome la Justicia».

La afirmación resulta, a juicio del principal partido de la oposición, paradójica. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, se apresuró a replicar que si Ruz optó por enviar en la noche del jueves a un secretario judicial, acompañado de la Policía, a la sede de la formación gubernamental es precisamente porque esta ha tenido una actitud obstruccionista. En su auto, el juez instructor explica que en la documentación sobre las obras realizadas en el inmueble entre 2005 y 2009 que le fue enviada por el partido en agosto faltaban papeles que, en cambio, sí fueron aportados a la Fiscalía Anticorrupción el pasado dos de diciembre.

«El Partido Popular lleva cinco años obstaculizando la acción de la Justicia, como esos delincuentes que quieren borrar las pruebas y que nadie las encuentre», recriminó Hernando al calor de una aparatosa actuación judicial que se pronlongó durante casi catorce horas, desde las nueve de la noche del jueves hasta las 10.40 horas de la mañana del viernes.

Rajoy hizo hincapié, sin embargo, en que lo dispuesto por Ruz no es en ningún caso un registro como el que, por ejemplo, ordenó a mediados de los noventa el primer instructor del caso Filesa, el juez Marino Barbero, en las oficinas del PSOE y del Banco de España. En puridad, así es. Se trata de un requerimiento de información. «Lo que se ha pedido es colaboración -alegó- y se les ha dado». «Esperamos sus resoluciones y estamos tranquilos» añadió.

Físicamente, la petición del juez del caso Bárcenas fue atendida por los responsables de la tesorería y la gerencia del partido, situada en la sexta planta. Sólo ellos y el gabinete de comunicación seguían en el edificio cuando llegó la comisión judicial. Y ningún otro miembro del partido, tampoco la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, que se encontraba ya en Castilla-La Mancha, se acercó durante toda el día por la zona, atestada de medios de comunicación.

A pesar de los intentos de dar normalidad a lo sucedido, el PP se limitó a emitir un somero comunicado de madrugada.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ni siquiera quiso entrar a valorar si este asunto daña el esfuerzo realizado con las recién aprobadas medidas de regeneración democrática. «El Gobierno lo que tiene que hacer -se limitó a decir- es gobernar».