La Reforma Local obliga a la Diputación a acrecentar su tutela sobre los municipios
Arranca un año vital en la transformación de la institución provincial para afrontar sus nuevos deberes. . Tendrá que comenzar a prestar servicios mínimos obligatorios en los ayuntamientos que ya no. puedan.
La Diputación de León se enfrenta a una nueva transformación de sus funciones.
De asistencia técnica a prestación directa de servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes cuando éstos no lleguen a unos mínimos de calidad o no puedan afrontar la prestación. Un cambio en el papel de las diputaciones marcado por la Reforma Local que acaba de entrar en vigor. Una transformación en la filosofía de estas administraciones que deben replantearse su actual modelo institucional y de gestión, además de su propia organización para hacer frente a la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios donde no sean ya capaces.
«Debemos adaptarnos a la nueva ley, supondrá mucho trabajo, la coordinación de materias y actuaciones con los ayuntamientos; otra forma de trabajar», explica la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Consciente de la complejidad de los nuevos retos, asegura que ya ha encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, un informe para que el Palacio de los Guzmanes se adapte al nuevo marco legal. «Tenemos capacidad, estamos preparados para asumir y adaptarnos a la Reforma Local de forma inmediata. Habrá que conocer plazos para los traspasos, la Ley marca diferentes tiempos».
Será la Junta la que encomendará a la Diputación la prestación de servicios a los ayuntamientos, todos o algunos, con criterios como la naturaleza de la prestación, su población o la sostenibilidad financiera. Al desaparecer de la cartera de competencias municipales la enseñanza, sanidad, promoción de la mujer, vivienda o medio ambiente la institución provincial tendrá que asumir nuevos y costosos deberes. Si bien, la nueva Ley contempla excepciones como la garantía de los ayuntamientos de prestar esos servicios o que cumplan la estabilidad presupuestaria.
Los municipios con riesgo de sostenibilidad financiera tendrán que pactar con la Diputación el traspaso de instalaciones y personal con el rediseño de prestaciones. Antes de cualquier traspaso, tendrá que haber una evaluación del coste real del servicio con un plazo, si los ayuntamientos no pueden prestar servicios deberán suprimirlos y traspasarlos.