Pedraz decidirá si prohíbe el acto del colectivo de presos de ETA de mañana

El juez Santiago Pedraz, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, decidirá en las próximas horas si suspende o no el acto convocado para este sábado en la localidad vizcaína de Durango por el colectivo de presos de ETA, EPPK, y en el que, según los convocantes, participarán 63 exreclusos de la banda que han sido excarcelados en las últimas semanas tras la decisión de la corte de Estrasburgo de derogar la doctrina Parot.

El instructor ha pedido a la Ertzaintza que le informe con «urgencia» sobre la persona o personas y organización que están detrás de esta convocatoria, los posibles participantes en la misma, la forma en que se ha convocado a los participantes y, sobre todo, si entre esos organizadores hay personas que tengan alguna relación con ETA.

La Fiscalía había pedido al juez que movilizara también a la Policía y la Guardia Civil para determinar la naturaleza del acto de Durango, pero finalmente Pedraz se decantó por pedir informes sólo a la policía autónoma vasca. Según explicaron fuentes judiciales, con los datos que facilite la Ertzaintza, el magistrado tomará la decisión de prohibir o no la convocatoria y solo si tiene indicios de que en ese acto se puede cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo en su variante de «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas», castigado en el Código Penal con entre uno y dos años de cárcel.

Pedraz ha decidido estudiar la posible ilicitud de este acto tras recibir una denuncia del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), a la que poco después también se unió la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Según DyJ, que dice haber tenido noticia de esta convocatoria a través de los medios de comunicación, el acto de Durango en realidad solo enmascara un «homenaje» para mostrar el «apoyo y solidaridad» a los excarcelados y con los 515 presos de ETA que aún siguen en cárceles de España y Francia.

Para los letrados de DyJ, la relación de la convocatoria con ETA es clara. Tras este acto está el KT1, una «subestructura» del EPPK y «órgano de dirección de dicho colectivo», que está bajo el control de la letrada, Arantza Zulueta, detenida junto a otros abogados acusados de colaboración con banda armada por ser correa de transmisión de las órdenes de organización terroristas en las cárceles.

Dignidad y Justicia abunda en que los documentos incautados a ETA en la operación que condujo a la detención de la propia Zulueta demostrarían que el EPPK «forma parte del entramado» de la banda y que la abogada, en particular, se encarga de «procurar la cohesión y la adherencia de los presos que cumplen condena por actos terroristas siguiendo los postulados de ETA».