Un negro inicio del año para la Corona

No por esperado, el mazazo de la nueva imputación de la infanta Cristina por parte del juez José Castro golpeó con menos fuerza en la moral ya resentida de la Corona. Esta vez, desde la Zarzuela renunciaron a hacer visible su malestar y se limitaron a replicar con una escueta y aséptica declaración de «respeto» hacia las decisiones del magistrado. Pero sólo hace falta recordar las palabras del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que hasta en dos ocasiones a lo largo de este año ha calificado de «martirio» la instrucción del caso Nóos.

El hecho de que un miembro de la Familia Real se vea en situación de rendir cuentas ante un juez por haber indicios de que haya cometido los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal es ya por sí motivo de preocupación. Por excepcional y por grave. Pero la noticia llega además en un contexto complicado para la institución que encarna don Juan Carlos de Borbón, incapaz de salir a flote, a pesar de sus muchos intentos de recomponer el tipo, para remontar la crisis de credibilidad en la que permanece sumida desde hace ya más de tres años.

En ese tiempo, concurrente con una grave recesión económica que ha sacudido los cimientos de la democracia española, la Casa del Rey ha probado fórmulas inéditas de relación con la opinión pública en una suerte de ensayo y error. Sigue considerando un acierto la petición pública de perdón del monarca, con aquel «no volverá a suceder», tras la cacería de Botsuana. Pero ahora admite que se equivocaron cuando, en abril del pasado año, se hizo llegar a todos los medios la «sorpresa» ante la decisión del juez, posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Palma, de imputar por primera vez a doña Cristina.

Posiciones

Entonces, desde la Zarzuela se insistió también en la coletilla del «respeto a las decisiones judiciales», pero en su mensaje quedaba patente el tono contrariado e incluso un cierto malestar hacia el titular del juzgado número 5 de Palma de Mallorca que, en un auto del 5 de marzo de 2012, es decir, un año antes, había descartado llamar a declarar a la hija menor de don Juan Carlos. De modo implícito le afearon el «cambio de posición», mientras expresaban su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de recurrir. Aquella manera de enfrentarse al complicado asunto le valió un aldabonazo, no ya de fuerzas políticas antimonárquicas, sino del PSOE, sostén fundamental de la actual monarquía. Su número dos, Elena Valenciano, llegó a reclamar incluso neutralidad. Esta vez, se ha optado por la cautela y por dejar que sea el abogado de la infanta, el padre de la Constitución Miquel Roca Junyent, el encargado de hacer las declaraciones oportunas. El veterano jurista admitió que el nuevo auto del juez Castro es más «extenso y acotado» que el anterior, pero argumentó que sigue careciendo de fundamento.

En los planes de la Zarzuela, 2014 debía haber comenzado con una exhibición de vigor. Y ya van dos estocadas en apenas dos días. Una al padre y otra a la hija.