El CGPJ, en alerta ante posibles «críticas injustificadas» a los jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó ayer su apoyo a todos los jueces en el ejercicio de sus funciones, sin citar expresamente a ninguno, y ha anunciado que amparará a todos los jueces que lo demanden «frente a actuaciones o críticas injustificadas».
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer esta declaración institucional en la que señala que «amparará expresamente» a todos los miembros de la carrera que lo demanden «frente a actuaciones o críticas injustificadas» y que, en cualquier caso, «apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos» a los jueces y magistrados.
La nota no cita a ningún juez, aunque puede interpretarse que se ha hecho pública en relación con casos como el del juez José Castro, que instruye el caso Nóos, o el juez Pablo Ruz, quien se ocupa del sumario Gürtel en la Audiencia Nacional.
En el texto, el CGPJ recuerda que el ejercicio del poder jurisdiccional está, como todos los demás, sometido a la crítica pública, pero añade que «bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia» de los jueces y magistrados.
«El Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la potestad constitucional de proteger la independencia de los/las integrantes de la Carrera Judicial» pone de manifiesto en su nota que «en un Estado democrático de derecho, los/las Jueces/zas y Magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades».
Deben hacerlo, añade el CGPJ, «en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática».
Las aludidas actuaciones contra la independencia de los jueces realizadas bajo el amparo de la libertad de expresión, «no sólo desconocen el respeto debido a quienes sufran el acoso, sino que socavan uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación», dice también la nota.