La «tensión social» y el clima «hostil» salvan del paseíllo a la infanta Cristina
El decano de Palma argumenta que las razones de seguridad están «justificadas».
La hija del rey no tendrá que recorrer los 40 metros del paseíllo de los imputados si no quiere hacerlo y podrá acceder en coche hasta la puerta de los juzgados, algo que no ha hecho ninguno de las decenas de testigos o imputados del caso Nóos. La «tensión social» y la supuesta presencia de «grupos hostiles» fueron los argumentos de peso que utilizó el decano de los juzgados de Palma de Mallorca para ahorrar a a la infanta ese incómodo trámite el 8 de febrero a las diez de la mañana.
Francisco Martínez Espinosa siguió al pie de la letra el previsible guión y al final acogió las recomendaciones de la Policía, autorizando, «por estrictas razones de seguridad», que el vehículo de Cristina de Borbón descienda la famosa cuesta y librar así a la esposa de Iñaki Urdangarín del incómodo paseo de un minuto bajo los flashes. Si decide acogerse a esta prerrogativa, su imagen, probablemente, será de apenas unos instantes, bajándose del coche y entrando de inmediato por la puerta del juzgado de guardia.
Martínez Espinosa, consciente de la controversia que iba a provocar su decisión, convocó a los medios de comunicación para leer en persona su extensa resolución en la que, machaconamente, insistió en que es el Ministerio del Interior el que recomienda que la infanta no llegue a pie. «Se trata -según explicó el decano- de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social».
Con ese panorama dibujado en el informe policial, las «razones» de seguridad esgrimidas por Interior fueron, a juicio de Martínez, «plenamente atendibles y justificadas a los estrictos fines de seguridad invocados», sobre todo, «dada la cualificación de la fuente de la que proceden», o sea los propios expertos en protección de la infanta. «No resultaría procedente bajo ningún concepto, encomendar determinado cometido a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y sin embargo desatender requerimientos que a su juicio son ineludibles para el adecuado cumplimiento del cometido que se encomienda», apuntó en su nota.
El magistrado, que hizo hincapié en que «resulta absolutamente recomendable y estrictamente necesario» que la imputada llegue en coche, aseguró que «en absoluto» ha recibido ningún tipo de presión, tampoco de la Zarzuela. Y se esmeró, tanto en su resolución como ante los medios, en enmarcar su decisión en un plano estrictamente «administrativo» a fin de garantizar el «buen gobierno» del tribunal y la normalidad en la declaración.
En cualquier caso, Martínez Espinosa dejó claro que la decisión final de hacer o no el paseíllo será de Cristina de Borbón. «Nosotros no le imponemos que baje en vehículo», puntualizó el decano. No obstante, según todas las fuentes consultadas, parece improbable que la infanta, quien desde hace días se encuentra en Barcelona con sus abogados preparando el interrogatorio, decida exponerse al paseíllo.