Sáenz de Santamaría acata, pero cuestiona el archivo de su escrache

La decisión de la Audiencia de Madrid de archivar la investigación judicial abierta por el escrache del que fue objeto el pasado año Soraya Sáenz de Santamaría ya había sido cuestionada por distintos miembros del Gobierno, pero ayer fue la propia número dos del Ejecutivo español la que, pese a acatar la sentencia, puso en duda que quienes se manifestaron frente a su domicilio no incurrieran en un delito.

Desde la mesa en la que informa sobre el contenido de los Consejos de Ministros, Saénz de Santamaría alegó que quien se dedica, como es su caso, a la actividad pública debe «escuchar y atender críticas» y tiene la obligación de respetar el derecho de manifestación, pero puso en duda que el escrache entre dentro de esa categoría. «Hay otro espacio privado; no solo nuestro, el de nuestras familias», defendió.

La juez calificó la protesta frente al domicilio de la vicepresidenta de mero «mecanismo de participación democrática» y Sáenz de Santamaría replicó que los derechos no son ilimitados y que acaban donde empiezan los de los demás, en especial, cuando hay menores de por medio. «Hay un montón de instituciones para manifestarse delante de ellas», planteó.

Criterio del fiscal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también insistió en que el Gobierno coincidía más con el criterio del fiscal, que aún no ha anunciado si recurrirá o no la decisión, que con la del juez. Sin embargo, no aclaró si tiene intención de hacer algo al respecto o si abordará reformas legales para evitar que episodios como este vuelvan a suceder. «La legislación española ya protege la inviolabilidad del domicilio; la estudiaremos -dijo abriendo una puerta a las modificaciones- pero el Tribunal de Derechos Humanos garantiza que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión». En cuanto al recurso, remarcó, depende de la Fiscalía.