Los partidos tendrán que dar a conocer a sus mejores donantes
Dos nuevos proyectos de ley tratan de evitar más casos de corrupción.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Un año después de que Mariano Rajoy anunciase en el Congreso un plan de regeneración democrática, el Consejo de Ministros remitió ayer a las Cortes Generales los proyectos de ley de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y de regulación del ejercicio de alto cargo en la administración pública. Dos instrumentos con los que el Ejecutivo quiere evitar nuevos casos de corrupción como la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas o los ERE fraudulentos de Andalucía, según indicaron fuentes del Ejecutivo.
Entre otras medidas, los partidos tendrán que publicar en sus páginas web oficiales el nombre de todos aquellos donantes que superen los 50.000 euros al año. El límite de las donaciones, en cualquier caso, se fija en 100.000 euros anuales y las entregas de dinero quedan limitadas a particulares. Las empresas lo tendrán prohibido.
El Gobierno, con este último paso, pretende evitar que las donaciones más generosas se convirtieran en parte de tramas corruptas ideadas para lograr contratos públicos o favores urbanísticos, tal y como queda patente en sumarios penales que afectan a políticos de diversos partidos.
Los dos proyectos iniciarán ahora una tramitación parlamentaria de unos seis meses en la que el Gobierno confía en alcanzar el máximo consenso posible y no descarta que, a petición de los grupos de la oposición, se puedan modificar detalles como el límite que obliga a publicitar donaciones
Otro avance en la lucha contra la corrupción será la prohibición para que los bancos nunca más puedan condonar créditos o el pago de intereses, parciales o totales, a los partidos políticos. Para aumentar la transparencia de las deudas, las formaciones políticas deberán publicar en sus páginas web, junto al balance y la cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad acreedora, el tipo de interés, el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas.
El Ejecutivo también logró el aval del Consejo de Estado para impedir que una persona con antecedentes penales no cancelados y relativos a determinados delitos, como los de terrorismo, tengan vedado ocupar un alto cargo en la Administración.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró ayer su sorpresa ante un dato surgido durante la elaboración de estos dos proyectos. A 31 de diciembre de 2013, existían 4.080 partidos dados de alta en el registro del Ministerio del Interior de los que 2.502 no han tenido actividad alguna desde 2004. Hay cientos de los que no consta que existan desde 1981. El Ejecutivo quiere pactar con el resto de formaciones la posibilidad de actualizar este registro finiquitando las entidades obsoletas.