El Congreso, con los únicos votos del PP, apuntilla a la justicia universal
El Congreso consumó ayer la operación legislativa del Gobierno para liquidar la aplicación en España de la justicia universal. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que hacerlo con el único y poderoso sostén de la mayoría absoluta del PP pues fue incapaz de cosechar ni un solo apoyo de los grupos parlamentarios. La iniciativa tuvo eso sí la virtualidad de unir en su contra a toda la oposición en un día en que la división en las votaciones del Debate sobre el Estado de la Nación fue el rasgo dominante en el Parlamento.
Que el Gobierno tenía una urgencia quedó de manifiesto con el camino escogido para dar el carpetazo definitivo a la justicia universal. Registró en el Congreso una proposición de ley para soslayar el trámite de la consulta al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y a la Junta de Fiscales. Informes que hubiera debido requerir si el Ejecutivo hubiera presentado un proyecto de ley. Esos dictámenes habrían sido muy duros con la iniciativa gubernamental, aventuran fuentes jurídicas. Ya en el Congreso, el PP pilotó la tramitación con la fórmula más rápida que existe, el de lectura única y votación en el pleno sin debate ni enmiendas en la comisión. Una maniobra denunciada por la oposición porque hurtó a los diputados la discusión de ideas.
Los populares no se dejaron impresionar por las presiones corporativas de fiscales y de abogados, contrarios a la restricción de la justicia universal, y mucho menos por las quejas de la oposición. El PP aprobó el archivo de la norma en vigor por 180 votos a favor y 137 en contra. «La Justicia ha quedado sorda, ciega y muda», resumió un diputado opositor.
El Gobierno y el PP reconocen sin complejos que la liquidación de la justicia universal es un alivio para el Ministerio de Asuntos Exteriores. China se quejó sin sutilezas diplomáticas de la orden de busca y captura dictada por el juez Ismael Moreno contra el ex primer ministro Jian Zeming por el genocidio del Tíbet. Menos ostentosos fueron los gobiernos norteamericano, marroquí o salvadoreño, pero también hicieron llegar sus quejas. Washington por la causa del cámara de televisión José Couso, por la que están imputados tres militares de Estados Unidos, y por la de los vuelos ilegales de la CIA; Rabat por la investigación de Pablo Ruz de la desaparición de prisioneros del Frente Polisario; y San Salvador por la petición de extradición de 15 militares de ese país por los asesinatos del jesuita Ignacio Ellacuría y otros cinco religiosos.
La reforma legal es retroactiva, algo que la oposición considera inconstitucional, e implicará el archivo de las causas abiertas al abrigo de la justicia universal.