El Congreso disuelve en una semana el frente contra el soberanismo

Una semana exacta es lo que ha durado el frente común de PP, PSOE y UPyD, los partidos que suman el 85% de los escaños del Congreso, contra el desafío soberanista catalán. Las tres formaciones, que el pasado 20 de febrero pactaron y rubricaron en el pleno una moción que por primera vez rechazaba «tajantemente» la vía puesta en marcha por CiU, Esquerra e Iniciativa y que instaba al Ejecutivo a adoptar las medidas precisas para garantizar el respeto a la Constitución, no fueron capaces de reeditar el pronunciamiento como epílogo al Debate del estado de la Nación.

Los tres partidos están de acuerdo, como ayer mismo insistieron sus portavoces desde la tribuna del Congreso, en lo esencial. En que la unidad de España y la soberanía nacional consagradas por la Carta Magna no se tocan y que, por lo tanto, no van a permitir el referéndum secesionista que los soberanistas catalanes pretenden celebrar el 9 de noviembre. Pero hasta aquí los puntos de coincidencia. En la estrategia concreta para enfrentar el desafío liderado por Artur Mas y en la forma en cómo solucionar las tensiones territoriales con Cataluña cada uno tiene sus propias recetas y son divergentes.

El resultado de la falta de sintonía es que el PP tuvo que aprobar ayer con sus únicos votos su moción de rechazo al soberanismo catalán, con la abstención de PSOE y UPyD, y los socialistas también se quedaron solos en defensa de la proposición con la que abogan por una ‘tercera vía’ para Cataluña, que contó con el rechazo de los diputados de Mariano Rajoy y de Rosa Díez y la abstención de IU y los nacionalistas.

La resolución del PP, la única sobre Cataluña que salió adelante en el Congreso, se limita a reafirmarse en la legalidad constitucional y en que ninguna iniciativa o plan de cualquier institución que rebasen estos principios tienen cabida en el marco jurídico, y en consecuencia respalda todas las medidas que el Ejecutivo tome en defensa de la unidad de España.

El texto popular, que ni siquiera nombra a Cataluña, va en la línea de «prudencia» marcada por Rajoy, que defiende que, llegado el momento, el Gobierno hará lo que sea preciso para frenar el desafío soberanista, pero que entretanto no quiere hacer alardes retóricos que ayuden a tensar aún más las relaciones institucionales.

Para UPyD, la declaración es tan genérica y tan «vacua» que se negó a apoyarla. De hecho, la postura del grupo de Rosa Díez es la contraria. Consideran que Mas y sus socios, con la fijación de fecha y preguntas para el referendo y la puesta en marcha de estructuras que permitan llevarlo a cabo, desobedecen la resolución del Constitucional que, hace un año, decretó la suspensión cautelar de la declaración de soberanía aprobada en enero de 2013 por el Parlamento de Cataluña. Creen incluso llegado el momento de activar la previsión constitucional que permite la intervención de la autonomía.

Falta de sintonía

La tercera estrategia es la del PSOE. Tienen claro que cuando esta primavera se debata en el Congreso la petición para que el Gobierno delegue en la Generalitat la potestad de convocar referéndum dirán que no, al igual que PP y UPyD. De hecho, los tres grupos han derrotado las resoluciones de CiU, Esquerra e Iniciativa que ayer abogaban por esta cesión y por el ejercicio del derecho a decidir. Pero también cree que la crisis territorial catalana, como la que se puede plantear en cualquier momento en Euskadi, solo se soluciona desde el diálogo entre todos los partidos y el impulso de una reforma federal de la Constitución.

La votación del resto de resoluciones del debate ilustró la escasa sintonía de la oposición con la gestión y los planes del Gobierno. Los populares solo lograron el apoyo del PSOE y otros grupos a tres resoluciones de políticas de Estado, como el apoyo a las víctimas del terrorismo y a los intereses de España en Europa, o el de CiU y PNV a la reforma fiscal y a la negociación de su paquete de regeneración democrática. Los demás grupos se abstuvieron en la batería de medidas anticorrupción gubernamentales en sintonía con su aviso de que Rajoy carece de legitimidad en este campo por las sospechas de financiación irregular de su partido.