El Gobierno pregunta a Mas si quiere la independencia o más dinero

El Gobierno de Mariano Rajoy reclamó al Ejecutivo catalán que se aclare y diga si está por la independencia de Cataluña o por lograr una mejor financiación con un concierto económico. Soraya Sáenz de Santamaría dijo que a la luz de los últimos acontecimientos no sabe a qué carta quedarse, si a la maximalista del soberanismo o a la posibilista de los recursos económicos.

La vicepresidenta hizo este emplazamiento 24 horas después de que CiU reclamase en el Congreso el régimen fiscal de concierto económico para Cataluña, como tienen el País Vasco y Navarra. La Generalitat corrigió ayer el tiro para negar que esté dispuesta a cambiar la autodeterminación por «cuatro cuartos». Artur Mas, reclamó Sáenz de Santamaría, debe decir «dónde está» porque «no estaría mal» que precisara su posición para saber a qué atenerse.

No es la primera vez que el Gobierno catalán pone sobre la mesa de Rajoy el concierto económico, un sistema por el que la comunidad recauda todos los impuestos en su territorio y decide en qué gasta los recursos. En septiembre de 2012, Mas acudió a la Moncloa con una propuesta de pacto fiscal, que consistía en la cesión del concierto. Rajoy rechazó la petición.

Pero ahora, más allá de las demandas de claridad de la portavoz, el Gobierno no dio un portazo a la pretensión verbalizada el jueves por el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, en el Congreso. La vicepresidenta se limitó a decir que el futuro sistema de financiación autonómica está en fase de evaluación y que la negociación comenzará en breve. «Todos nos encontrarán para dialogar dentro de la Constitución y las leyes sobre asuntos que son claves para el bienestar de los ciudadanos», apuntó la número dos del Ejecutivo.

Sánchez Llibre, durante el debate sobre la ley para la renovación del régimen de Concierto Económico, incidió en que la concesión de este sistema a Cataluña no supone un problema constitucional porque solo se trataría de añadir una disposición adicional más como las que se refieren a País Vasco y Navarra. Pero el Gobierno antes de dar ningún paso quiere saber si la posición de Sánchez Llibre, de Unió Democrática y contrario a la independencia, es la del Gobierno catalán.

Sáenz de Santamaría sugirió que el 8 de abril, cuando se discutan en el Congreso las proposiciones de ley para la cesión de las competencias a Cataluña para organizar referendos, podrá ser un buen momento para que Mas despejara incógnitas. El presidente catalán, sin embargo, no estará en el hemiciclo para defender la iniciativa del Parlamento de Cataluña y dejará la argumentación en manos de diputados autonómicos de CiU, Esquerra e Iniciativa. Ausencia que la vicepresidenta no pasó por alto y emplazó a Mas que «explique» por qué no va a acudir al Congreso «a defender sus grandes proyectos políticos».

El presidente de la Generalitat guardó ayer silencio, pero su portavoz, Francesc Homs, corrigió las palabras del diputado Sánchez Llibre y aseguró que «los catalanes» no están dispuestos a cambiar soberanía «por cuatro cuartos». Avisó además que ofrecer una mejoría en la financiación de Cataluña es una «estrategia absurda» a estas alturas del debate.

No solo dinero

Hasta el jefe directo de Sánchez Llibre, Josep Antoni Duran Lleida, matizó a su compañero aunque sin la rotundidad de Homs. El líder de Unió Democrática comentó que «la cuestión catalana no pasa solo por el dinero». La tercera vía alternativa a la independencia, que defienden su partido, los socialistas y sectores de Iniciativa, «debe ir más allá», comentó Duran.

El número dos de CiU confió en que el debate del 8 de abril en el Congreso sea el momento para que el Gobierno muestre sus cartas sobre la financiación de Cataluña. Si el Ejecutivo de Rajoy da el paso de ofrecer un sistema diferenciado se debería, según el democristiano, «someter a consulta» entre los catalanes. De esa forma, se celebraría la consulta aunque no en los términos independentistas en los que está planteada sino dentro de los parámetros de la tercera vía; esto es, una financiación específica para Cataluña y reconocimiento del hecho linguístico y cultural. Un planteamiento que es rechazado sin medias tintas por Convergencia, el socio mayoritario de CiU, y Esquerra Republicana.