La juez Alaya rechaza mandar el caso ERE al Tribunal Supremo
Desoye a la Fiscalía, mientras la Guardia Civil implica a más políticos aforados .
La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo.
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía volvió a escudarse ayer en la conexión existente entre todas las piezas de la causa para rechazar la petición de la Fiscalía de que eleve al Tribunal Supremo la parte referida a los aforados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Al menos por el momento, ya que considera que aún hay que estudiar ciertos informes y documentación que podrían dar nuevos aires a la causa. Entre esos informes cita un atestado de la Guardia Civil en el que, según fuentes judiciales, aparecen involucrados algunos cargos públicos que ya fueron «pre-imputados» el pasado año por la juez.
En el nuevo auto dictado ayer, la juez se mostró tajante. «No ha lugar por ahora la división de la causa en piezas separadas». Así, insistió en que los delitos investigados y las distintas ramificaciones mantienen una relación «extraordinaria» entre sí. Al mismo tiempo, advierte Mercedes Alaya, que trocear la causa provocaría un «caos procesal», ya que existe el riesgo «obvio, serio e indiscutible» de que se produzcan sentencias «contradictorias» por el enjuiciamiento por separado de las distintas ayudas. Un peligro con el que han coincidido numerosos letrados defensores de algunos de los implicados en la causa.
Por si no fuera suficiente, Alaya entiende que, además, «no es este el momento de tomar esa decisión» porque existen «razones procesales que desaconsejan la división de la causa» y la remisión al Supremo de parte de la misma. Entre esas razones cita los informes de la Intervención General sobre la cuenta general de la Junta de Andalucía o el informe sobre las sobrecomisiones de la Dirección General de Seguros, así como el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las ayudas directas en la Sierra Norte. Se trata de una comarca sevillana en la que fue alcalde el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que acumuló el grueso de las ayudas concedidas para toda Andalucía, 32 de 70 millones.
El informe fue remitido el jueves pasado al juzgado y dio pie a que la Fiscalía Anticorrupción insista en que se debe enviar la causa al Supremo, ya que entiende que el juzgado de instrucción ha agotado la investigación por la vía ordinaria. Aunque no da nombres para justificar la elevación a instancias superiores, fuentes judiciales confirmaron que la Guardia Civil apunta directamente al que fuera ex consejero de Empleo José Antonio Viera, actualmente diputado en el Congreso y ex líder del PSOE de Sevilla, a quien en anteriores informes los agentes atribuyeron un papel decisivo en la concesión de las ayudas.