La Junta niega el tamaño del fraude y se queja de una «causa general»
Alega que sólo se cuestiona el uso de 1,5 millones por parte de algunas empresas .
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en una imagen de archivo.
La Junta de Andalucía reaccionó ayer con una virulencia extrema a la investigación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre un presunto fraude que afectaría a los cursos de formación impartidos por la comunidad autónoma. Un engaño aún sin cuantificar que podría superar los 140 millones malversados en los Eres fraudulentos. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, defendió que la Fiscalía de Málaga sólo ha solicitado hasta la fecha información sobre 17 expedientes de ayudas concedidas a empresas especializadas en impartir cursos a parados y acusó al Gobierno de haber filtrado y magnificado el contenido de las pesquisas para dañar al Ejecutivo de Susana Díaz. Es más, llegó a acusar al Ministerio del Interior de alimentar una «causa general» contra Andalucía.
La batalla política está servida. Al Ministerio le faltó tiempo para negar de manera tajante ser el responsable de que se hayan conocido, antes siquiera de que acabe la investigación y de haber dado parte a la Justicia, las sospechas que alberga la Policía. Y al líder del PP andaluz, José Manuel Moreno, le sobraron minutos para exigir la comparecencia de la presidenta de la Junta y exigir la apertura de una investigación interna para saber por qué «de manera reiterada los fondos acaban en manos de personas que no deben y no de desempleados».
Hay algo que indigna especialmente a la Junta y los socialistas en su conjunto: que se haya puesto sobre el tapete, por parte de algunos medios de comunicación -a su juicio, instigados por Interior- una cifra astronómica de 2.000 millones de euros como el montante defraudado. Porque esa cantidad, subrayan, representa el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en la región desde 2007. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, reclamó, en esa línea, al Ministerio que, si de verdad hay caso, se judicialice. «No sé a qué espera, después de habérselo contado a los periódicos para no contárselo a la Justicia y que actúe con rapidez», pidió.
Empresas privadas
El consejero de Educación, por su parte, insistió en que la Udef pidió información a comienzos de año acerca de 17 expedientes para cursos en Málaga. Se trata, dijo, de subvenciones concedidas a empresas privadas, sin ninguna relación con sindicatos o instituciones públicas, por un importe de 1,5 millones de euros, que se enmarcan en un programa específico dotado con 5,6 millones. De esos 17 expedientes, aún en fase de revisión, según su relato, solo en uno se han confirmado las sospechas de irregularidades y se ha exigido el reintegro.
El consejero defendió además los procedimientos de control empleados y alegó que la Junta inició el pasado septiembre un plan de choque y solicitó 480 requerimientos de documentación desde 2007. En total, dijo, se han abierto 56 expedientes para obligar a las empresas a reintegrar las ayudas después de haber quedado probado que no podían justificar su uso legítimo.
Así, cuestionó que se extiendan las dudas, no sobre los casos detectados en Málaga, sino sobre todos los cursos de formación de los últimos siete años, en cuya gestión han participado desde ayuntamientos gobernados por el PP hasta diputaciones, pasando por universidades o instituciones como Cruz Roja o la Once y a los que, dijo, «se estaría acusando de ser cómplices de corrupción todos estos años».
Llamadas telefónicas
Alonso aseguró que había tratado de ponerse en contacto con el ministro para que le aclarara de dónde salen las cifras ofrecidas y que éste no se puso al teléfono. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, sí llamo a primera hora de la tarde al consejero de Presidencia andaluz, Manuel Jiménez Barrios, según informó Interior, para negar que desde su departamento se haya filtrado información sobre «ninguna investigación abierta» y para recordarle que la Udef trabaja desde hace meses con «absoluta discreción y máxima reserva» en una investigación abierta a partir de una serie de irregularidades detectados por la Seguridad Social en Málaga.
En concreto, apreció que las empresas beneficiarias, que debían contratar al menos al 60% de sus alumnos durante un semestre no daban de alta a casi nadie, aunque este requisito era obligatorio para obtener la ayuda. La Udef cree, aún así, que el fraude afecta a otras provincias de Andalucía, especialmente a Almería.