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CASO DE LOS ERE

Andalucía exige la devolución de un millón de euros por cursos de formación irregulares

La Junta insiste en que el supuesto fraude masivo solo investiga 17 ayudas valoradas en otros 1,5 millones

El consejero andaluz de Cultura, Educación y Deporte, Luciano Alonso, este martes.

Publicado por
JULIA CAMACHO / Sevilla
León

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La revisión que el Ejecutivo andaluz está llevando a cabo de todos los expedientes de ayudas a cursos de formación para empleados y desocupados está dando sus frutos, y ya se han hecho cuatro requerimientos firmes de devolución por un importe de 1,059 millones de euros, según ha adelantado esta misma tarde el consejero de Educación Luciano Alonso.

En su comparecencia ante el Parlamento autonómico, ha insistido en que la investigación policial sobre un supuesto fraude masivo ha sido una información "interesada y tergiversada" del Ministerio de Interior, y ha recordado que de momento solo se ha pedido información sobre 17 ayudas de la convocatoria del 2010 en Málaga por un valor de 1,5 millones de euros.

Esfuerzo en eliminar la corrupción

El consejero de Educación ha centrado su comparecencia en el esfuerzo que está haciendo el actual Ejecutivo presidido por Susana Díaz por eliminar la corrupción y extender la transparencia, incluso sobre actuaciones pasadas. De ahí que se estén revisando los 8.505 expedientes referidos a ayudas para cursos de formación en el periodo 2007-2013, aunque realmente desde el 2011, y debido a la crisis, no se conceden estas subvenciones.

Alonso ha insistido en que se están revisando "uno por uno y no por muestreo, como en otras regiones". Hasta el momento, se han analizado ya cerca de 1.728 expedientes, de los que 480 han concluido con un requerimiento de más información, y de ellos en 56 casos se ha iniciado el proceso de reintegro, como ya explicaron hace unas semanas nada más saltar a la luz pública el escándalo sobre un supuesto fraude masivo.

El dato nuevo aportado este martes ha sido que de esos 56 expedientes de reintegro, cuatro han concluido ya con resolución firme de devolución, aunque por cantidades inferiores a las del inicio del expediente.

Ayudas concedidas hace 6 años

Según los datos dados por la Junta, se trata de ayudas concedidas entre el 2008 y el 2009 al Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva) por valor de 449.956 euros, al Consorcio de Hostelería de Málaga La Cónsula (575.330 euros), al Consorcio de Hostelería de Benalmádena (29.069 euros), y al CEMER Consorcio de Córdoba (4.820 euros).

El responsable de Educación, que en septiembre pasado asumió las competencias de cursos de formación para el empleo, ha recordado que en el periodo 2007-2011 se han realizado 36.000 cursos por un montante de 2.327 millones de euros. De esta cantidad, se ha ejecutado ya el 75% (1.724 millones), y el resto queda pendiente de justificación del desarrollo de las actividades. Se han beneficiado 758.000 alumnos, de los que más de la mitad (416.000) eran desempleados.

Empresas privadas

También ha recordado que entre las entidades encargadas de realizar los cursos destinados a los desempleados se encuentran empresas privadas, pero también entidades públicas como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades o incluso organizaciones sin ánimo de lucro. "¿Todas ellas son cómplices también de esta trama?", se ha preguntado.

En este punto, el responsable de Educación ha cargado de nuevo contra el Ministerio de Interior por haber intentado hacer "una causa general" contra Andalucía.

"Se confunden maliciosamente conceptos para construir la idea de la corrupción generalizada y la causa general, jugando con la imagen de Andalucía y la de su tejido empresarial y asociativo", ha lamentado.

El caso de Madrid

Y se ha preguntado acerca de por qué, con un fraude similar en ayudas a la formación descubierto en la Comunidad de Madrid, "no se ha hablado de una trama orquestada por el Gobierno regional y sí de "un Gobierno damnificado ante un hecho aislado provocado por unos empresarios".

"Los mecanismos de control de la Junta han respondido", ha dicho Alonso, alabando el trabajo "serio y riguroso" que se ha realizado desde la Administración autonómica.