El juez rechaza cerrar el caso Nóos al reclamar otro informe sobre Urdangarín
Solicita a Hacienda que confirme sus acusaciones de doble fraude fiscal .
Iñaki Urdangarín en una de sus comparecencias en los juzgados de Palma.
¿Pedirá el juez José Castro sentar en el banquillo a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido? La respuesta a la pregunta clave del caso Nóos seguirá sin respuesta unas semanas más porque el magistrado ha decidido atrasar el cierre de la instrucción de este sumario para amarrar aún más las acusaciones contra el yerno del rey. El instructor ha pedido a la Agencia Tributaria un nuevo informe sobre los supuestos delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, después de que su abogado, Mario Pascual Vives, remitiera el pasado 22 de abril un escrito al juzgado culpando a las empresas que contrataron al marido de Cristina de Borbón de haber sido ellas, y no el imputado, las que cometieron las irregularidades.
En una providencia, Castro da diez días a la Agencia Tributaria para que aclare si lo que sostiene Urdangarín tiene alguna lógica. En su alegato, el marido de la infanta Cristina sostenía que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de Hacienda de que defraudó más de 240.000 euros en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 son falsas.
Adujo que en realidad todo se debió a una «negligencia» de sus pagadores en aquellos ejercicios, las seis compañías que le contrataron como consejero o asesor después de que el imputado abandonara el Instituto Nóos por orden de la Zarzuela tras descubrirse en 2006 los primeros concursos amañados e inflados por parte de las administraciones valencianas y balear.
La defensa de Urdangarín sostiene que las firmas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde «no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados», en contra de lo establecido en el artículo 99.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para su letrado, Urdagarín no cometió por tanto ilicitud alguna cuando no declaró esos ingresos millonarios como IRPF, sino como trabajos realizados por Aizoon, la empresa inmobiliaria que comparte con la infanta y que jamás tuvo actividad real alguna, como impuesto de sociedades, y por tanto a un tipo impositivo más bajo.
Ahora Castro pregunta si, a la vista de las alegaciones del yerno del rey, cabe hacer alguna «corrección» en las cifras supuestamente defraudadas; o si los pagadores, efectivamente, incurrieron en algún tipo de negligencia, como dice el imputado, hasta el punto de eximirle de responsabilidad alguna. En síntesis, reclama a Hacienda que aclare si las explicaciones de Urdangarín culpando de todo a las empresas son plausibles y si la Agencia Tributaria se ratifica en sus acusaciones de fraude contra el duque.
Según explicaron fuentes judiciales, esta nueva consulta no es baladí para la imputación de estos dos delitos fiscales a Urdangarín.