La jueza imputa por homicidio y no por asesinato a las acusadas

La jueza titular del juzgado de Instrucción número 4 de los de León, Sonia González, optó en su primera decisión como instructora del caso por contemplar la posible existencia de tres presuntos delitos de homicidio, atentado contra la autoridad y tenencia ilícita de armas que pesarían sobre Montserrat González y Triana Martínez, acusadas de la muerte violenta de la presidenta del PP y de la Diputación de León, Isabel Carrasco, abatida a tiros el pasado lunes.

Carrasco perdió la vida tras recibir varios disparos por la espalda cuando se dirigía a la sede del Partido Popular. Supuestamente la autora de los disparos fue la esposa del inspector jefe de la Comisaría de Policía de Astorga, que en el momento de los hechos estaba acompañada por su hija, una antigua trabajadora de la Diputación Provincial que había sido despedida.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la jueza tras escuchar las dos declaraciones y atendiendo a la petición del fiscal, acordó la prisión preventiva al darse las condiciones que obligan según la ley de Enjuiciamiento Criminal. Por la gravedad del delito «podrían ser condenadas al menos a un delito de homicidio penado con hasta 20 años de cárcel». A la vez, aconsejaron su ingreso en el Centro Penitenciario Provincial circunstancias como «el riesgo de fuga, y la posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia, por el alto numero de años de prisión que conlleva el posible delito cometido».

Contemplaba la jueza también «la posibilidad de que las sospechosas pudieran obstruir o interferir en la investigación de los hechos delictivos, al existir una tercera persona implicada en los hechos que en este momento está en libertad».

Tipo penal

De acuerdo al artículo 138 del Código Penal será castigado con la pena de prisión de entre diez y quince años «el que matare a otro», dentro del tipo penal en que se incardina el homicidio. De haber sido considerado asesinato, estaría incluido en el artículo 139 y castigado con penas de entre quince y veinte años, que se reservan para «el que matare a otro concurriendo las circunstancias de alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido».

Cargo público

Respecto al supuesto de atentado, que también contempla la jueza, se recoge en el artículo 550. «Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». Está castigado con penas de prisión que van desde los dos hasta los cuatro años.

En cuanto a la tenencia ilícita de armas (CP artículo 563) está castigada con penas de prisión de hasta tres años. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada con cárcel de uno a dos años, si se trata de armas cortas (como sucede en este caso). No han trascendido demasiados datos referentes a la declaración en sede judicial de Montserrat, la madre, ni tampoco ha trascendido lo que ante la juez manifestó Triana, que empezó su comparecencia más tarde. Sólo que la comparecencia ante la instructora se inició a las 20.00 horas en el caso de la progenitora. Las preguntas se extendieron casi hasta las 00.00 horas y poco después de la medianoche inició su turno la hija, que estuvo hasta las 4.15 horas de la madrugada.

Secreto del sumario

La instrucción continúa a la espera de que se reciban los reveladores informes de la autopsia, las pruebas científicas y la toma de declaración a diversos testigos que se consideran relevantes para completar la instrucción.

La jueza no contempla por el momento la posibilidad de levantar el secreto del sumario, aunque sí ha trascendido que en el momento en que finalice la práctica de las pruebas principales, se adoptará esta determinación.

La jornada de ayer se dedicó en el juzgado de Instrucción número 4 de los de León a los numerosos juicios referentes a los apartados de violencia de género, en los que está especializado el órgano judicial al que por turno de guardia le correspondió el pasado lunes asumir la investigación del crimen.

No parece factible que durante la mañana de hoy se tome declaración a la agente de Policía Local que figura como tercera implicada en el caso y que tiene la condición de imputada policial. Se trata de una joven que tenía en su poder la pistola con la que se cometió el crimen y que ha ofrecido explicaciones no muy claras de cómo llegó a su poder el revólver. Desconocía la existencia del revólver, que según manifestó estaba en el maletero de su coche, dentro de un bolso que Triana le había entregado momentos después del crimen, aunque no concuerdan del todo los relatos sobre la forma en la que llegó el objeto a su poder. Sí está claro que no explicó a sus superiores que se había encontrado con la sospechosa del crimen y en cualquier caso, la Policía Local ha decidido expedientarla.