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NUEVAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL PP

El juez Andreu tacha de "chapuza" la reforma de la justicia universal

El magistrado de la Audiencia Nacional acusa al Gobierno de tratar la justicia "como un producto comercial"

Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional.

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EL PERIÓDICO / Madrid
León

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Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, ha tenido este miércoles palabras muy duras para el carpetazo a la justicia universal aprobado de forma expeditiva por el Gobierno y con toda la oposición en contra. A su juicio, la reforma del Ejecutivo “es una chapuza que ha provocado que 43 narcotraficantes hayan sido liberados pero que no ha logrado aún que se archive ninguna de las causas por las que se ideó”.

La modificación legal ha obligado al magistrado, que ha participado en un congreso organizado en Madrid por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, a poner en libertad a ocho narcotraficantes. Andreu también ha sido el instructor de los sumarios sobre el genocidio tutsi en Ruanda y Congo, así como del ataque de soldados iraquís contra el campo de refugiados de Ashraf, en el que murieron 11 iranís en el 2009. “Es desmoralizador y me produce desazón que se trate a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ‘Te quito esta querella si me tratas bien la deuda'. Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”, ha dicho.

La reforma de la jurisdicción universal (el principio que señala que hay delitos tan graves que pueden ser perseguidos por cualquier Estado, independientemente de dónde hayan tenido lugar) pone tantas trabas a estos procesos que prácticamente los deja sin efecto. El cambio normativo consiste en que los jueces españoles solo pueden perseguir estos crímenes (genocidio, lesa humanidad y contra las leyes de la guerra) cuando los presuntos autores sean españoles o extranjeros naturalizados. El Gobierno no ha escondido que su iniciativa tiene que ver con las quejas de otros países afectados por procesos en los tribunales españoles. Principalmente China, debido a la causa por supuesto genocidio en Tíbet. Antes de este carpetazo, el Gobierno socialista había reducido también la justicia universal por presiones de Israel.

La decisión del Tribunal Constitucional

“Dicen que la jurisdicción universal no es productiva, que no da más que gastos. No es cierto. Cuando una víctima denuncia lo primero que quiere es que la justicia se ponga en marcha, que la escuche y que llegue hasta donde pueda llegar”, ha explicado el magistrado, quien ha recordado que “el Tribunal Constitucional deberá decidir si esta reforma vulnera la tutela judicial efectiva”. Andreu, al igual que otros jueces de la Audiencia Nacional, como Santiago Pedraz, ha planteado serias dudas sobre su adecuación a la Carta Magna.