Hacienda confirma que el PP pagó en negro parte de las obras de su sede

Primero fue la Policía Judicial, después el juez instructor y ahora la Agencia Tributaria. El PP, con Mariano Rajoy como presidente de la formación y María Dolores de Cospedal como secretaria general, abonó con dinero negro parte de la reforma de su sede nacional en la calle Génova 13 de Madrid entre 2005 y 2011.

Los pagos salieron de la supuesta caja B del partido, que gestionaban los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y fueron a parar a las arcas de la empresa Unifica Servicios Integrales, que se encargó de los trabajos de remodelación, según concluye el juez Pablo Ruz en un auto conocido ayer.

Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) constatan en un informe remitido al juez que Unifica expidió dos certificaciones finales distintas de la reformas que realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio de Génova 13.

Para los peritos, los cálculos del descuadre superaron los 950.000 euros, conforme al análisis de la documentación incautada en el registro que se hizo en la empresa en septiembre. Y, de forma paralela, Bárcenas anotó en su contabilidad opaca pagos en dinero negro por valor de 888.000 euros para el director gerente de dicha empresa, el arquitecto Gonzalo Urquijo, también imputado en la causa.

Así, las coincidencias temporales entre los pagos realizados por el PP a Unifica a lo largo de 2008, último ejercicio fiscal no prescrito en el procedimiento, y los ingresos que hicieron el arquitecto Urquijo y su socia Belén García en sus cajas de seguridad bancarias demostrarían para el juez los indicios delictivos. Se trata de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.

De momento, Ruz dirige la acción penal contra los responsables de las cuentas del PP en aquella época, Bárcenas, Lapuerta y el gerente Cristóbal Páez, y el personal de Unifica, pero se resiste a tirar por alto e imputar al PP como sujeto jurídico por sus supuestas responsabilidades penales en el fraude. Para ello espera conocer otro informe de Hacienda en el que se profundice sobre si los populares también cometieron delito contable, ya que el documento conocido ayer se centraba en la empresa que remodeló la sede de los populares.

Para cerrar todos los cabos sueltos, Ruz ha citado para el 7 de julio como imputados a Belén García, socia del gerente de Unifica, y a tres colaboradores de la empresa. De sus declaraciones como imputados, el instructor espera apuntalar los indicios delictivos.