Los soberanistas prevén que en la consulta voten los mayores de 16 años
Duran advierte a Rajoy de que si no mueve ficha antes del verano «todo reventará».
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, en una imagen de archivo.
Sin prisa, pero sin pausa, el Parlamento catalán ultima la redacción de una ley catalana de consultas que sirva de base legal para el referéndum sobre la independencia previsto para el 9 de noviembre. La intención de Artur Mas es aprobar la norma a la vuelta de las vacaciones de verano y acto seguido firmar el decreto de convocatoria de la consulta, entre la Diada del 11 de septiembre y el referéndum escocés, una semana después. De ahí que los trabajos parlamentarios estén llegando a su fin.
Uno de los puntos sobre los que no había consenso era el censo. El problema que tenían las cuatro fuerzas soberanistas que impulsan la consulta era encontrar una fórmula que evitara tener que utilizar el censo oficial, que es competencia estatal y se da por descontado que el Gobierno no lo facilitará para un referéndum sobre la independencia. La solución que han encontrado CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP es utilizar el registro de población de Cataluña, una base de datos reconocida en el Estatuto catalán en la que figuran los padrones municipales de toda Cataluña y está gestionada por el Instituto de Estadística de Cataluña, el Idescat.
En ese registro estarán incluidos también los extranjeros residentes o los catalanes que viven en el exterior, de tal manera que en el referéndum catalán puedan votar todos las personas empadronadas en Cataluña mayores de 16 años, tengan o no la nacionalidad española. CiU propone para poder votar un año de residencia para los europeos y tres para los extracomunitarios, aunque este último punto está pendiente de cerrar un acuerdo. La ley establecerá como norma general, como dice el Estatut, que la Generalitat y los ayuntamientos podrán convocar consultas sobre materias de su «ámbito competencial». PP y PSC consideran que una votación sobre la independencia de Cataluña escapa del ámbito competencial del Gobierno catalán, mientras los soberanistas opinan lo contrario.
Mientras el Parlamento catalán se prepara para la consulta, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, incrementó ayer la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy para que haga una oferta seductora al nacionalismo catalán que pueda neutralizar el proyecto independentista. Si el presidente del Ejecutivo «no mueve ficha antes del verano», el «choque de trenes no se podrá detener» y «todo va a reventar», advirtió el líder democristiano en tono apocalíptico desde la carta semanal que envía a la militancia de su partido.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le replicó que los «poderes públicos» llegan hasta donde pueden y que el límite lo marca la Constitución.