El juez envía a Cristina al banquillo acusada de defraudar a Hacienda

Tras casi cuatro años de investigación y 32.000 folios acumulados, el juez de Palma José Castro dio por concluida ayer la instrucción del caso Nóos confirmando la imputación de la infanta Cristina por los delitos de fraude a Hacienda y blanqueo de capitales como «colaboradora silenciosa» de su marido, Iñaki Urdangarin. Al duque de Palma se le atribuyen nueve delitos distintos: malversación; prevaricación; falsedad documental; tráfico de influencias; falsificación; estafa; fraude a la Administración y delitos fiscales. El Instituto Nóos percibió 4,5 millones de fondos públicos que, según el magistrado, no se han justificado.

«Hay sobrados indicios de que Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido», sostiene el magistrado en un auto de 167 páginas, prolijo en hechos que describen la mecánica ideada para desviar a la sociedad Aizoon, compartida al 50% por el matrimonio, fondos captados a las Administraciones a dedo, sin control alguno y bajo la apariencia altruista del Instituto Nóos. Y de paso pagar menos impuestos.

La declaración de la infanta el pasado 8 de febrero ha sido clave en la decisión final del magistrado, quien le reprocha sus «reiteradas apelaciones al desconocimiento» hasta el punto de que le imposibilita desmontar los indicios incriminatorios que pesan sobre ella. Castro no entra a valorar la teoría del amor diseñada por su defensa porque será «un eventual tribunal sentenciador» quien se pronunciará sobre «si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido».

PENAS DE CÁRCEL

Con esta decisión, Castro encarrila a la hermana del rey Felipe VI hacia el banquillo. El blanqueo está penado con hasta seis años de prisión y el delito fiscal de uno a cinco años si la cantidad adeudada oscila entre los 120.000 y los 600.000. La suma presuntamente defraudada por Aizoon se eleva a 182.005 euros en el 2007 y a 155.138 en el 2008. Como la defensa, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, recurrirán, será la Audiencia de Palma la que tendrá la última palabra sobre si la hija de Juan Carlos se sienta o no en el banquillo.

Para el juez, Urdangarin y su ex socio Diego Torres son los cerebros de la trama, donde reserva un papel destacado a sus «activas» esposas. El magistrado sostiene que la infanta era conocedora de la procedencia ilícita de los ingresos de Aizoon y la responsabiliza, junto a su marido, de la «ingente cantidad de facturas» de gastos privados que cargó a la empresa. Desde el servicio doméstico, fiestas, viajes, comidas, rehabilitación y decoración de la casa de Pedralbes e incluso clases de salsa y merengue. El auto detalla el episodio de la contratación del personal doméstico, donde estuvo presente la infanta, en el que se ofrecieron pagos en negro. También señala que la empresa de los duques sirvió de «cauce» para el reparto de beneficios que se obtenía «ilícitamente» de Nóos y que la presencia de la infanta en la misma tenía como fin crear «un escudo frente a Hacienda».

«Los supuestos delitos contra Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa», la infanta, «por mucho que de cara a terceros» mantuviera «una actitud propia de quien mira hacia el otro lado», incide el juez.

MÁS IMPUTADOS

Además de los duques, de Torres y de su esposa, Castro mantiene las imputaciones para otras 12 personas, entre ellos al expresidente balear Jaume Matas y varios cargos de su ejecutivo y de la Generalitat Valenciana. Por contra, el juez ha archivado el caso para nueve acusados, entre los que destacan el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que, según el auto, estuvo «al tanto» de la actividad de Urdangarin, pero no facilitó «apoyo estratégico» para la comisión de los delitos. También se ha dado carpetazo a la trama de evasión de capitales al extranjero.