La Junta se persona en el fraude de UGT-Andalucía
Un empleado de Chavsa es conducido a los juzgados.
La operación contra la supuesta trama de facturas falsas de UGT Andalucía acumula ya 16 detenidos, tras el arresto ayer de dos de los responsables de una empresa de fabricación de maletines y bolsos de Alicante. Estos empresarios habían colaborado con el sindicato para inflar o falsear facturas que luego endosaba a la Junta para justificar el cobro de fondos de formación para desempleados y destinarlo a otros fines. El Gobierno de Susana Díaz anunció su personación en la causa como perjudicado.
La Guardia Civil sostiene que esta «práctica ilícita» se mantuvo durante más de una década y «constituyó la principal fuente de financiación» del sindicato andaluz, es decir que pudo haber financiación irregular.
Los dos nuevos detenidos serán trasladados en breve a Sevilla para comparecer en el juzgado de instrucción 9, responsable de la investigación y donde ayer comenzaron a comparecer el resto de detenidos el martes en Sevilla, Madrid y Jaén. A primera hora el juez dejaba en libertad sin fianza al dueño de una empresa de artes gráficas, al que imputó los delitos de malversación y contra la hacienda pública.
Posteriormente, tomó la misma decisión con cuatro empresarios tras una comparecencia en la que aseguraron haber actuado por indicaciones del sindicato y en la creencia de hacerlo legalmente.
Asimismo, entre los detenidos se encuentra el responsable de las finanzas y contabilidad del sindicato durante una década, Federico Fresneda, que abandonó su cargo el pasado año y que declarará este jueves ante el juez.
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que el sindicato andaluz mantuvo durante 12 años una trama para falsear facturas que luego justificaba ante la Junta de Andalucía, un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo y que acabó convertida en la principal fuente de financiación de UGT-A.
«Contabilidad B»
La actual ejecutiva, elegida el pasado mes de enero tras la dimisión del secretario general Francisco Fernández Sevilla a raíz de este escándalo, rechazó tener ninguna contabilidad ‘b’ y aseguró que las denuncias por el uso de fondos públicos para gastos internos como regalos de maletines falsificados en congresos, comidas o contratación eventual de menores eran fruto de una venganza de antiguos trabajadores perjudicados por un ERE.