¿Se verá a la infanta en el banquillo?
En el caso del blanqueo, al no tratarse de un ilícito con «perjudicados directos», sí cabría la posibilidad de que la acusación popular Manos Limpias acusara en solitario.
La infanta a su salida del tribunal de Palma tras finalizar su declaración en febrero.
¿Se sentará la infanta Cristina en el banquillo? Nadie se atreve a responder con certeza a la pregunta que todos se hacen después de que el pasado miércoles el juez José Castro pusiera fin a cuatro años de investigación del caso Nóos con la imputación, entre otros, de la hermana del rey por dos delitos fiscales y uno más de blanqueo de capitales.
En cualquier otro sumario un auto como el del instructor sería sinónimo de banquillo, pero Nóos es diferente. Lo es porque las imputaciones nacen del juez. Los dos acusadores clásicos que deberían sostener la imputación por delitos contra la Hacienda Pública -la Fiscalía, defensora del interés público, y la propia víctima del supuesto fraude, la Agencia Tributaria- no se sienten agraviadas por la actuación de la infanta y no le acusan de nada. Culpan de todo a su marido.
Esta extraña situación abre un denso debate jurídico en el que, en síntesis, se trata de dilucidar si una acusación popular, Manos Limpias, es suficiente para sostener las imputaciones por fraude y blanqueo contra la duquesa.
No hay una respuesta a la pregunta, pero sí que hay pistas. La inmensa mayoría de los expertos consultados coinciden en un hecho: la clave es el blanqueo de capitales y la diferente naturaleza de este delito -consistente en gastar dinero de procedencia ilícita sabiendo que el origen del mismo es irregular- con respecto al otro ilícito, el del fraude fiscal. Y ello porque el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que es imposible que una acusación popular, como Manos Limpias, mantenga vivo un proceso por un delito, el fraude, en el que hay perjudicados directos, Fiscalía y el Estado, pero en el que las presuntas víctimas de ese delito no se sienten víctimas.
Harina de otro costal sería el blanqueo de capitales. El alto tribunal ya fijó que una acusación popular sí está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de un juicio oral al tratarse de un delito que, en principio, afectaría a intereses colectivos. Es, en esencia, el debate entre las llamadas doctrinas ‘Botín’, que sería favorable a la infanta, y ‘Atutxa’, desfavorable, fijadas ambas por el Supremo.
La exculpatoria doctrina Botín, insisten los expertos, sería aplicable a los dos delitos fiscales de los que Castro acusa a la infanta por haber usado, en compañía de su esposo, la empresa de ambos, Aizoon, para cargar los trabajos de asesoría a multinacionales de Iñaki Urdangarín a fin de pagar menos impuestos.
La propia Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el auto en el que revocó la primera imputación de Cristina de Borbón en mayo de 2013, ya dejó entrever que podría valorar la posibilidad de sentar en el banquillo a la imputada si no se trataba de delitos fiscales.
La Audiencia Provincial, en aquel fallo que abrió el camino a que Castro apuntara contra la infanta por Aizoon y no por el Instituto Nóos, recordaba las doctrinas del Supremo. O lo que es lo mismo, visto que va a haber un juicio porque hay otros acusados y otros delitos, la Audiencia Provincial veía probable que Manos Limpias pudiera conducir en solitario una acusación contra la infanta en la que no hubiera, como en el delito fiscal, perjudicados particulares.