El rey prohíbe a los miembros de su familia trabajar en empresas privadas

El día en el que fue proclamado ante las Cortes, Felipe VI prometió velar por la dignidad de la Corona, preservar su prestigio y observar una conducta «íntegra, honesta y transparente». Un mes y nueve días después, la Casa Real dio a conocer ayer sus primeras decisiones y todas se encaminan en la misma dirección. A partir de ahora, los miembros de la familia real estarán obligados a dedicarse en exclusiva a su actividad institucional, nada de vida profesional al margen. Cuando acabe el año se habrá creado un reglamento en el que se establezca qué tipo de regalos cabe aceptar. Y las cuentas de la institución serán sometidas a una auditoría externa de la Intervención General del Estado que, además, se hará pública.

Felipe VI tiene claro que la pervivencia de la monarquía le obliga a recuperar una legitimidad seriamente dañada por las sospechas de corrupción que le han salpicado con especial fuerza en los últimos años, a raíz del estallido del caso Nóos, por el que permanecen imputados su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarín, pero también por décadas de opacidad. Porque la virulencia de la crisis y la consolidación de la democracia han cambiado la forma en la que la sociedad española mira a sus instituciones y acepta sus deslices.

En principio, la medida más llamativa, la prohibición de desarrollar actividades privadas, es en estos momentos más cosmética que eficaz. Desde que comenzó su reinado, la familia real se reduce al rey y la reina, a don Juan Carlos y doña Sofía, a la Princesa de Asturias, doña Leonor y a la infanta Sofía. Ninguno de ellos va a desarrollar actividad profesional al margen como sí hicieron doña Cristina y doña Elena, que desarrollaron sus propias carreras, en su día, como un símbolo de modernidad e independencia económica. Pero es un modo de lanzar el mensaje de que no habrá negocios privados. Al menos de momento, porque aquí no hay ley alguna sólo una directriz personal del monarca.

El jefe del Estado no ha dado, sin embargo, otro paso más contundente y reclamado desde distintas fuerzas políticas. No hará público el patrimonio ni la declaración de bienes de los miembros de la familia real.

Es un asunto que se prestó a la controversia cuando saltó a la luz la herencia de dos millones de euros que recibió don Juan Carlos de su padre, el Conde de Barcelona, y que durante años estuvieron depositados en dos bancos de Suiza. La Zarzuela sostuvo que ese dinero se empleó en pagar deudas de los padres del entonces Rey, que las cuentas quedaron a cero en 1995 y que desde entonces no hay dinero en el extranjero. Pero no pudo aclarar, sin embargo, si se pagaron impuestos a Hacienda por el legado recibido.

La fortuna de don Juan Carlos y sus vínculos con las monarquías del Golfo son objeto permanente de cuestionamiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la izquierda, como quedó patente durante el debate de la ley de abdicación en la cámara baja.