Anticorrupción insiste en dividir la causa de los ERE para agilizarla
. . La parte de los aforados iría al Supremo, mientras la juez ultima la exposición razonada para dejar la parte política .
La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer de nuevo a la juez Mercedes Alaya que fraccione la macrocausa de más de 300.000 folios de sumario y 201 imputados para no «demorar la conclusión de la instrucción» y someter además a los implicados a «un largo proceso judicial» y un excesivo mantenimiento de medidas cautelares. La separación permitiría elevar ya al Tribunal Supremo la parte de las diligencias referidas a los altos cargos públicos, consideradas acabadas por ambas partes.
La fórmula reiterada de nuevo por los fiscales abre la puerta a que la juez, que ultima ya el escrito con la exposición razonada para elevar la causa a un tribunal superior, se inhiba de la parte más política de la causa y mantenga el resto de la instrucción para terminarla. Como bien recuerdan en un escrito remitido al juzgado, hasta ahora Alaya siempre ha defendido la unidad de la causa y que debería pasar en bloque a instancias superiores una vez terminada la totalidad de la instrucción. Un paso que supondría que la instructora perdería la causa a la que junto a un grupo de «incansables» como ella misma los llama, ha dedicado los últimos cuatro años investigando los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad.
Según Anticorrupción, la parte política o referida al «procedimiento específico» implantado en la administración regional para conceder durante una década ayudas a empresas en crisis de forma arbitraria y sin controles «está lo suficientemente avanzada como para que, en un horizonte temporal próximo, se pudiera llevar a cabo el enjuiciamiento de la misma». Pero esta situación no ocurre con el resto de la causa, donde afirman que «la situación es dispar, encontrándose algunas partes en la fase final de su investigación y un gran número de ellas sin haberla iniciado ni haber dirigido el procedimiento contra persona alguna».
De no despiezar la causa, concluye Anticorrupción, obligaría a «demorar la conclusión de la instrucción al inicio y al término de la investigación de cada ayuda sociolaboral y ayuda a empresa».
La Fiscalía entiende que la parte de la investigación referida a los aforados debe llevarla el Tribunal Supremo, un aspecto que Alaya quería aclarar al estar señalados tanto diputados autonómicos como diputados y senadores en las Cortes.