Fomento sigue trabajando para no gastar dinero público en rescatar autopistas

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado hoy que todavía no hay fecha para constituir la sociedad que aglutinará a las autopistas de peaje en quiebra y ha subrayado que su departamento sigue trabajando para evitar que se ponga "un solo euro" público para rescatar a estas sociedades. Después de que el 31 de julio el Gobierno decidiera suspender la reunión que estaba prevista con los seis mayores bancos acreedores para perfilar los principales términos de la futura sociedad, Pastor ha indicado hoy que "lo más importante" es que "no les cueste dinero a los españoles" resolver la situación creada en un modelo concesional "en el que en algunos casos el trafico es muy bajo".

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar un tramo de la A-8 en Asturias, la titular de Fomento ha recordado que, en su momento, el Estado firmó unos contratos de los que se derivaba una responsabilidad patrimonial y que ahora "o se dan alternativas o el Estado va a tener que hacer frente a tres mil y pico millones de euros".

Entre los puntos que se negocian en el marco de las reuniones que han mantenido en las últimas semanas las partes implicadas ha cobrado especial relevancia el posible incremento de la rentabilidad fija que devengaría el bono a 30 años. Aunque la postura del Ministerio de Hacienda no es inamovible, parece que el incremento de la rentabilidad, fijada en un primer momento en el 1%, se podría elevar ligeramente sin llegar a alcanzar el 2%.

En las conversaciones que se han mantenido con el Ministerio de Fomento, con Hacienda y con el de Economía a mediados de julio también se ha abordado cómo y quién va a comprar la deuda que tienen contraída las entidades financieras extranjeras con las sociedades concesionarias en concurso de acreedores. Sobre la mesa está aplicar también una quita del 50 % y parece descartado es que estos bonos estén garantizados por el Estado con lo que se mantiene el planteamiento de que la garantía de los mismos la asuma la propia Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).

Desde la banca se reclamaba que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4% (3,968%). De hecho, el sector entendía que fijar la rentabilidad en el 1% hacía inviable la compra de deuda.

El sector constructor y concesional pedía que los bonos a 30 años que fueran emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas autopista pudiesen ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10%.