Inspectores de Hacienda admiten que el caso Pujol era difícil de detectar

El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, admite que los casos de corrupción como el de Jordi Pujol son difíciles de detectar, "porque los pagos se hacen en efectivo y el fruto de estos delitos se oculta en paraísos fiscales".

En declaraciones a la Agencia Efe, Pérez Boga destaca que se trata de un fraude muy complejo porque los que pagan las comisiones ilegales se benefician también del fraude al obtener contratos públicos con precios inflados, que les permiten pagar las "mordidas" y, a pesar de ello, obtener pingües beneficios.

Asimismo, indica que la clase política, en general, es poco dada a airear estos "trapos sucios".

En este sentido, subraya que en el año 2005 el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall denunció en el Parlament de Cataluña lo que estaba sucediendo (que CiU cobraba comisiones del 3 % en las adjudicaciones de obra pública) y se retractó de inmediato.

A pesar de ello, incide en que no todo es negativo, ya que el caso, aunque oculto durante décadas, "se terminó destapando finalmente por las investigaciones en curso y no por un arrepentimiento espontáneo del corrupto".

Pérez Boga señala que tras la corrupción detectada en la Costa del Sol, los inspectores de Hacienda propusieron que la Agencia Tributaria "asumiera competencias anticorrupción, que se inspeccionara anualmente a quienes decidían el destino del dinero público y que se potenciara la denuncia de este tipo de irregularidades".

Una petición que, según recuerda el presidente de la IHE, no fue tenida en cuenta.

A su juicio, los esfuerzos realizados por Hacienda, la Policía Nacional, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Fiscalía Anticorrupción son importantes, pero advierte de que "la realidad es que no han servido para evitar esta corruptela que se ha extendido durante tantos años".

Por ello, Pérez Boga recalca que esto evidencia la necesidad de crear un órgano único anticorrupción, al estilo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dotado de los recursos necesarios, "que le permitan hacer controles periódicos y aleatorios, investigar las denuncias, instruir los procedimientos y auxiliar a los jueces en esta vital tarea de controlar a los que gastan el dinero de todos".