El Gobierno insta a Mas a reconocer que no habrá consulta en noviembre
Sánchez Camacho y Sáenz de Santamaría, ayer en la Conferencia Política del PPC.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cerró ayer la conferencia política que el PP ha celebrado este fin de semana en Cataluña, cinco días antes de la Diada, instando al jefe del Ejecutivo catalán a decir la verdad a los catalanes y reconocer que no habrá consulta soberanista.
Desde el Ejecutivo central siempre insisten en destacar que confían en la palabra de Artur Mas de que no hará nada ilegal, dando a entender que en privado el presidente de la Generalitat ya habría admitido su negativa a convocar una votación suspendida por el Tribunal Constitucional, aunque en público hasta la fecha nunca ha sido claro.
Sáenz de Santamaría, como Dolores de Cospedal el viernes en Badalona e igual que Mariano Rajoy cuando habla del contencioso catalán, afirmó que el Gobierno no tolerará la consulta. «Podéis tener la completa garantía de que no habrá referéndum secesionista porque choca con la Constitución y el Gobierno va a garantizar que se cumpla le ley», señaló.
La vicepresidenta trató de hacer un discurso de seducción a los catalanes frente a un Ejecutivo catalán que, a su juicio, actúa de manera irresponsable con el proceso soberanista porque pone en riesgo la incipiente remontada de la economía. La número dos del Gobierno ofreció regeneración política, recuperación económica y rebaja de impuestos para intentar frenar al independentismo porque de otra forma «las malas decisiones pueden retrasar la salida de la crisis o incluso que se dé marcha atrás». Y utilizando una frase del presidente de la Generalitat en la Cámara de Comercio de Barcelona, en la que admitió que la libertad tiene un precio, aunque matizó que no tenerla el coste puede ser mayor, la vicepresidenta acusó al dirigente nacionalista de estar ocultando los efectos reales de la independencia, pues no solo afectaría en lo económico, sino también en lo social y en lo político con, por ejemplo, la posible expulsión de la UE. «Nadie -afirmó la vicepresidenta- tiene derecho a cobrar el precio del progreso y la prosperidad y menos hacer pasar una imposición política como si fuera una decisión popular ocultando a los ciudadanos las consecuencias reales». Aun así, insistió en la oferta de diálogo a la Generalitat.