Artur Mas, en plena encrucijada tras el éxito de la Diada en Cataluña

Es la pregunta del millón en Cataluña: ¿Y ahora qué? Después de la multitudinaria movilización de la Diada del jueves en Barcelona, que reunió a cientos de miles de catalanes que reclamaron la consulta y la independencia, la pelota está en el tejado de Artur Mas, que tiene que hacer frente a la decisión que marcará su futuro como presidente de la Generalitat. La presión es máxima y no tiene muchas opciones, más bien dos: desobedecer al Constitucional y celebrar una consulta ilegal, como le pidieron los manifestantes, ERC, CUP y la ANC, o respetar la legalidad y adelantar las elecciones catalanas.

Mas no las tiene todas consigo. El viernes pasado, en el día después del 11-S, insistió en que la cuestión catalana solo puede resolverse en las urnas y que se votará «seguro». Eso sí, su posición es que no puede llamarse a la ciudadanía de cualquier manera. La consulta debe tener «todas las garantías democráticas» a fin de que «tenga validez» y «todo el mundo entienda el resultado», afirmó.

No lo dijo, pero Mas estaba dejando entrever que no es partidario de sacar las urnas a la calle el 9-N, si el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno central. Las cosas hay que hacerlas «bien» y sin caer en el «ridículo», viene insistiendo desde hace semanas. Teme que una votación vetada por el Tribunal Constitucional sea boicoteada por los partidarios del no a la independencia, lo que desvirtuaría la cita porque solo votarían los convencidos, además de los conflictos que puede tener con algunos ayuntamientos, como L’Hospitalet (PSC) o Badalona (PP), que ya han anunciado que no colaborarán con la logística y no cederán locales municipales como colegios electorales. Y por último, está la situación de los funcionarios (policías locales y autonómicos, responsables de mesas...) que corren el riesgo de ser inhabilitados si atienden a la orden de colaborar en una consulta suspendida.

Más consecuencias

A eso hay que añadir las consecuencias penales, que el fiscal general del Estado recordó el viernes. Si Artur Mas saca las urnas puede incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y hasta sedición, con penas que suman los 15 años de prisión.

El propio Mas es consciente de ello y en sus últimas alocuciones públicas ha admitido que es el «primer interesado» (electoralmente) en sacar las urnas a las calles.

Las elecciones, que podrían ser el 9 de noviembre (la convocatoria aún es posible hasta final de mes), en el primer trimestre de 2015 o después de las municipales de mayo, tendrían carácter plebiscitario.

CDC y ERC (sin Unió) podrían presentarse juntos, pero para que así fuera, opinaN LOS EXPERTOS, el compromiso con la declaración de independencia debería ser «muy explícito para que Esquerra acepte el pacto», a día de hoy muy lejano. De hecho, admite que es complicado que Mas esté dispuesto a saltarse la legalidad para declarar la independencia, que es ir dos pasos más allá.