Mas ya tiene la ley que necesita para convocar el referéndum soberanista

El proceso soberanista catalán sigue con paso firme hacia el 9 de noviembre. El Parlamento catalán aprobó ayer la ley de consultas, la norma que Artur Mas utilizará como base legal para convocar y celebrar el referéndum sobre la independencia.

Se trata del penúltimo escalón del plan independentista que Artur Mas y Oriol Junqueras pactaron hace dos años. A partir de ahora, a esa hoja de ruta solo le quedan dos hojas, las más trascendentes: la firma del decreto de convocatoria en las próximas «horas o días», y la celebración de la consulta, que aún está en el aire porque Mas no ha confirmado si decidirá sacar las urnas cuando el Gobierno impugne y el Constitucional suspenda la ley y el decreto de convocatoria.

El calificativo de día histórico suele utilizarse con bastante asiduidad, aunque en esta ocasión se aproximó a la realidad, a tenor del interés que el pleno del Parlamento catalán concitó entre la prensa internacional y sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara catalana nunca había sacado adelante una iniciativa legislativa de este tipo. Con el caso escocés como telón de fondo y aprovechando la onda expansiva del referéndum convocado por Edimburgo, el Parlamento catalán envió el mensaje a Madrid y Bruselas de que Cataluña será el próximo territorio que convocará a su ciudadanía a decidir su futuro en las urnas. La Cámara autonómica dio luz verde a la norma estrella de la legislatura, con el 78% de los diputados, en este caso los de los cuatro partidos que impulsan la consulta, CiU, Esquerra, Iniciativa y CUP, además de los del PSC y Joan Ignasi Elena, socialista escindido. Solo votaron en contra el PP y Ciutadans.

«Es una ley para el 9-N, pero no solo para el 9-N», expresó el diputado de CiU, Josep Rull. La norma nace como base legal para el decreto de convocatoria de la consulta, aunque se ha presentado también como un texto más amplio que sirve para hacer todo tipo de consultas populares y como instrumento de participación ciudadana, premisa en la que el PSC fundamenta su apoyo.

Así, la ley faculta a la Generalitat a celebrar consultas sin pedir permiso al Gobierno central. Las votaciones no tienen carácter vinculante y pueden ser de ámbito autonómico o local, y las pueden promover el presidente de la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los consejos comarcales, las diputaciones o pueden ser fruto de la iniciativa ciudadana. Según la ley, en la consulta de noviembre podrán votar los mayores de 16 años, los ciudadanos de otros países de la Unión Europea que acrediten un año de residencia en Cataluña y los del resto de países con tres años de residencia legal. La campaña de la consulta empezará el día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria en el diario oficial de la Generalitat y terminará el mismo 9 de noviembre.

Los partidos soberanistas defendieron la constitucionalidad de la norma, mientras que el PSC destacó que es una herramienta de participación ciudadana, pero no sirve para el referéndum soberanista porque consultar sobre la independencia no entra en las competencias de la Generalitat.

Para el PP es una «ley inconstitucional» aprobada para celebrar un «referéndum ilegal» que busca «romper España, sacar a los catalanes de España y de Europa», y «dividir» a la sociedad.

CiU, en cambio, cree que dentro de la Constitución y el Estatut hay margen para sacar las urnas al amparo de esta ley. «Ni pediremos permiso ni pediremos perdón. Ningún ejército puede frenar una idea a la que le ha llegado la hora», dijo Rull.

Ovación y abucheo

Al salir del edificio del Parlament, Mas se acercó a centenares de simpatizantes de la Asamblea Nacional Catalana que se habían concentrado a las puertas del Parlament con banderas independentistas y que le ovacionaron. En cambio, los líderes del PPC y Ciutadans, Alícia Sánchez-Camacho y Albert Rivera, respectivamente, fueron abucheados.