El Estado veta en 24 horas la consulta independentista de Mas en Cataluña

El Gobierno apenas necesitó 24 horas para paralizar el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre. Poco más de 60 minutos tardó el Tribunal Constitucional en aprobar por unanimidad de sus doce miembros la admisión a trámite de los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas de Cataluña y el decreto de convocatoria del referéndum. Con esa decisión ambas normas quedan suspendidas hasta que la corte resuelva sobre el fondo del asunto.

La corte justificó en un comunicado la inusual velocidad con que ha despachado el asunto porque no podía «demorar su resolución» ya que es consciente de «la trascendencia constitucional y política» que tiene para España y Cataluña el conflicto jurídico planteado. Precisa, asimismo, que la admisión a trámite de los recursos significa que «quedan en suspenso todas las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos»

En definitiva, que no solo está suspendida la votación sino todos los actos que la acompañan, ya sea la campaña institucional para llamar a votar, los actos para pedir el voto en un sentido u otro, o las cuestiones administrativas para organizar el referéndum, como la constitución de mesas, los espacios publicitarios o la elección de junta electoral. Una advertencia que implica que la Fiscalía estará vigilante para que cese toda actividad institucional relacionada con el referéndum.

La suspensión estará vigente durante cinco meses, transcurridos los cuales el Constitucional, si no ha resuelto los recursos, la prorrogará o levantará. Es lo que establece el artículo 161.2 de la Constitución.

Alegaciones

Ahora se abre un plazo de dos semanas para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones en el caso de la ley de consultas y de 20 días en el del decreto. La decisión fue adoptada en un pleno urgente, pero ordinario, que el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, convocó para las 18:30 horas. Los magistrados se limitaron a comprobar si los dos escritos de la Abogacía del Estado cumplían los requisitos exigidos para ser aceptados sin entrar en el fondo del asunto.

Mariano Rajoy aseguró que tenía todo listo para intervenir en cuanto Artur Mas firmara el decreto de convocatoria de la votación y los hechos lo demostraron. La respuesta no cogió por sorpresa al Gobierno catalán, solo causó cierto pasmo la velocidad de los acontecimientos —Artur Mas se extrañó de la «velocidad supersónica» del tribunal—. La Generalitat también estaba preparada para una decisión más que anunciada y tiene preparado su siguiente movimiento jurídico, presentará alegaciones contra la decisión del tribunal,

Rajoy espera ahora otra avalancha de, como él mismo dijo, «bonitas palabras» de Mas y de las fuerzas soberanistas para argumentar su derecho a votar sobre la autodeterminación de Cataluña. Pero nunca ha habido ni habrá «posibilidad real» de que la votación se produzca, como también se encargó de subrayar el presidente del Gobierno en su declaración institucional tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar el recurso contra la ley de consultas y la impugnación del decreto de convocatoria del referéndum. El Gobierno ha dicho su última palabra.