El Gobierno ofrece a Mas negociar sus 23 propuestas después del 9-N
Sánchez-Camacho avanza que se puede hablar de financiación.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho llegar mensajes, primero discretos, pero ahora ya públicos, para negociar cuestiones relacionadas con el autogobierno de Cataluña una vez que pase el 9 de noviembre y siempre que no se celebre el referéndum. La presidenta del PP catalán puso letra a la música compuesta en La Moncloa y señaló que se puede hablar de «cómo estamos a nivel de financiación y revisar profundamente el modelo», y también es factible analizar «el ámbito de competencias para ver qué se puede hacer».
El Ejecutivo confía en el histórico pragmatismo de CiU para encarar la negociación una vez que se calmen las aguas, y lanzó a Alicia Sánchez-Camacho a explorar el terreno. Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya han dicho que las 23 propuestas que entregó Artur Mas al presidente del Gobierno en su última entrevista, en julio pasado, pueden ser un punto de partida razonable para el diálogo.
El Gobierno, sin embargo, corre el riesgo de quedarse corto. La Generalitat ni se plantea entrar en ese terreno. Insiste en que su único objetivo es el referéndum del 9-N y sostiene que ya han pasado «los tiempos» del tira y afloja por «cuatro competencias y unos euros». Cataluña, afirman fuentes de CiU, ya está en «otra fase» y no se pueden compensar las demandas soberanistas con concesiones autonómicas.
La Moncloa y el PP esperan, sin embargo, que se recupere, en palabras de Sánchez Camacho, «el seny (sensatez o sentido común) y la lealtad» una vez que quede claro que es imposible celebrar la consulta o que si se hace sea con fórmulas al margen de la ley que devaluarían la imagen de Cataluña. El Gobierno y el partido gubernamental, sin embargo, no están dispuestos a transitar la tercera vía que avalan los socialistas, sectores de CiU liderados por Josep Antoni Duran Lleida, grupos empresariales y de la banca.
Tender puentes
Se niegan porque implica una reforma de la Constitución que no figura «entre las prioridades» del Gobierno, según puntualizó el propio Rajoy, temeroso de que la reapertura de ese proceso desemboque en un concurso de demandas inviables de las distitntas fuerzas políticas. La modificación de la Carta Magna planteada en la tercera vía implicaría el reconocimiento nacional de Cataluña, la dotación de una financiación similar a las del País Vasco y Navarra, y el reconocimiento de las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de lengua y cultura.
Pese a este escenario poco halagüeño para la negociación, el presidente del Gobierno quiere tender puentes con la Generalitat después del 9-N aunque corre el riesgo de encontrarse con una revuelta interna en su partido. Cuando el PP catalán planteó en la primavera pasada un sistema de financiación que reconociera las especificidades de Cataluña se desató una rebelión entre los barones populares que obligaron a meter en un cajón la propuesta.