Mas convoca otra cumbre soberanista para decidir cómo votar el 9-N

Cuando solo queda un mes para la fecha fijada para la consulta sobre la independencia de Cataluña, Artur Mas y los líderes de los partidos que impulsan el referéndum volverán a reunirse este jueves para perfilar cómo van a votar el 9-N.

Una semana después de la primera cumbre, en la que acordaron continuar juntos y pactaron además una hoja de ruta para sortear las trabas legales que acarrean la suspensión de la ley de consultas y el decreto de convocatoria, el presidente de la Generalitat y los responsables de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP deben aún solventar muchos aspectos irresueltos sobre cómo celebrar una consulta con el máximo de garantías democráticas.

Desde la cita del viernes pasado, Mas ha reanudado la campaña institucional, utilizando la argucia de usar como referencia la ley audiovisual, ha reactivado a partir de la ley de procedimiento administrativo los censos y los registros para la gente que no puede votar de manera presencial y ha firmado además los decretos para la constitución de la junta electoral central y las territoriales. En la reunión de hoy, las formaciones soberanistas volverán a estudiar nuevas fórmulas para seguir sorteando la suspensión cautelar del Constitucional y para esquivar un calendario que se les está echando encima.

Sobre la mesa de la reunión, que será secreta a diferencia de la de hace una semana y que ni siquiera el propio Artur Mas quiso ayer confirmar ni desmentir, estará también qué hacer si la consulta no reúne todas las garantías legales y de procedimiento y por tanto no puede ser avalada a nivel internacional. En la voluntad de hacer la consulta todos están de acuerdo, pero en lo que no hay consenso es en la fórmula final si el Constitucional no levanta la suspensión y la votación no tiene amparo legal. CiU e Iniciativa abogan por echar el freno, Esquerra y la CUP, por pisar el acelerador.

En vísperas de la cumbre, trascendió que Mas estaría estudiando una especie de plan B, que consistiría en una consulta en la que los ayuntamientos y la sociedad civil, es decir la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se implicarían en la organización porque el Gobierno catalán tendría poco margen. La Generalitat calificó esta posibilidad como mera «especulación» y señaló que sus esfuerzos están centrados en un referéndum según los «términos que son conocidos públicamente».

Desde Convergència descartaron que exista «un plan B sobre el plan A». Esquerra afirmó que no contempla ninguna fórmula «descafeinada» ni «plan B» e Iniciativa aseguró que no aceptará «sucedáneos». La ANC también se desmarcó de la propuesta y apuntó que quien debe organizar la votación es el Gobierno catalán.