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El Gobierno mantiene la planta judicial y los juzgados de paz

El ministro de Justicia prepara las novedades de su gabinete.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

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Mateo Balín | Madrid
León

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A falta de un año para que concluya la legislatura, el Gobierno ha acabado cediendo en una de sus propuestas más polémicas en materia de justicia. Se trata de la reorganización de la planta judicial, que planteaba la supresión de hasta 385 juzgados de primera instancia e instrucción y la milenaria figura del juez de paz, 7.862 en todo el país, que trabaja en municipios más pequeños sin partido judicial.

Una de las primeras premisas que se marcó el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, era concluir aquellos proyectos de Ruiz-Gallardón en los que hubiera consenso. Y con la reorganización de la planta judicial no lo había y muchos menos iba a traer réditos electorales al partido del Gobierno. Más bien resquemor y mucha división interna. Pues bien, ayer, Catalá anunció que el Gobierno va a aprobar «en las próximas semanas» el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y que en esa densa norma se va a mantener intacto el actual modelo de la planta judicial. Catalá también prometió «pocas leyes pero buenas» y «acotar los puntos negros» en la Administración de Justicia mediante la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales.

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