Una cuenta suiza destapa una trama corrupta que movió 250 millones

Todo empezó el pasado mes de diciembre. Suiza advirtió entonces de que había detectado una cuenta en este país a nombre de Francisco Granados, exnúmero dos del PP de Madrid, y del empresario David Marjaliza, amigo de la infancia, que olían a blanqueo de capitales. Anticorrupción, junto con otros organismos y la Guardia Civil, presentó una querella ante el juez Eloy Velasco. El magistrado imputó a 51 personas de las que ayer fueron detenidas 37 por participar en una trama de corrupción «municipal y regional» infiltrada en Madrid, Murcia, León y Valencia. Esta red presuntamente movió 250 millones en adjudicaciones públicas en los dos últimos años, según la fiscalía.

A lo largo de la jornada se sucedieron los registros en distintos ayuntamientos y domicilios particulares. Los más llamativos se practicaron en la casa de Granados y en los ayuntamientos regidos por los seis alcaldes arrestados (cuatro del PP, uno del PSOE en Parla y otro independiente). En esta operación también fue arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto, ambos del PP, y concejales y técnicos municipales.

Fuentes de la investigación afirman que el presunto cabecilla de la red era Granados, que usó sus contactos en la política para alimentar esta red. Y que los conseguidores eran los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca.

CONNIVENCIA

Esta trama con «la connivencia de ediles municipales y funcionarios», según estas fuentes, aseguraban a empresarios de «sociedades constructoras, obras y servicios energéticos» el éxito en las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según una nota de la fiscalía. Fuentes de la investigación apuntan que las comisiones alcanzaron, en algunos casos, el 3%.

Estas mismas fuentes han asegurado que esta red no tiene relación con la financiación ilegal de partidos, sino que está vinculada al enriquecimiento personal de los detenidos. Granados salió de la política por la puerta de atrás después de que se descubriera que ocultaba en Suiza una cuenta con 1,5 millones de euros el pasado mes de febrero. Por su parte, cinco de los seis ediles arrestados solo llevaban tres años en sus cargos.

El juez ha apuntalado esta investigación con intervenciones telefónicas que acreditan que esta red se centró en los restos de la gran corrupción. Sus objetivos eran la adjudicación de servicios municipales y de eficiencia energética. Y se dedicaban a modificar pliegos para hacer «concursos a la carta», siempre según fuentes de la investigación.

LOS DELITOS

El juez acusa a los imputados de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Además, un guardia civil ha sido imputado por revelación de secretos por haber avisado a Granados de que estaba siendo investigado.

Además, el togado dictó 259 órdenes para trabar los inmuebles de los imputados, 400 mandamientos para bloquear cuentas bancarias y embargó 30 vehículos de gama alta.

Los arrestados pasarán en los próximos días a disposición judicial tras permanecer en dependencias de la guardia civil. El juez instructor, Eloy Velasco, llegó a la Audiencia Nacional en el 2008. Antes trabajó durante ocho años (1995-2003) como director de justicia en los gobiernos valencianos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, también del PP.

El PP y el PSOE reaccionaron de manera inmediata a esta operación. Los dos partidos anunciaron la suspensión cautelar de militancia de los alcaldes y concejales imputados. Tomás Gómez, el antecesor en el consistorio de Parla de José María Fraile, y aspirante socialista a la Comunidad de Madrid, exigió la dimisión de quien fuera su delfín.