Sánchez quiere que sea la Audiencia Nacional la que juzgue los saqueos políticos
Los socialistas liquidan la negociación de un pacto anticorrupción . con el Partido Popular y presentan su propia batería de medidas .
El líder de los socialistas españoles, Pedro Sánchez.
El PSOE impulsará una reforma legal para que se atribuya a la Audiencia Nacional la competencia exclusiva para investigar y juzgar los delitos de corrupción política y se le dote de un procedimiento «preferente y sumario» para que pueda castigar con rapidez a los culpables.
Esta es una de las casi cuarenta medidas contra la corrupción que en los próximos días los socialistas propondrán al Congreso para su aprobación inmediata después de dar por liquidada cualquier posibilidad de alcanzar un pacto anticorrupción con el Partido Popular y poner sobre la mesa su propia batería de reformas.
Estos cambios se incluirán en una proposición de ley que ofrecerán pactar a los demás grupos, y en las enmiendas a la ley de financiación de partidos y al estatuto del alto cargo que se tramitarán por iniciativa del Gobierno.
El PSOE justificó el fin de las conversaciones «por la apatía insoportable de Mariano Rajoy frente a la corrupción», que creen que «contamina» a toda la cúpula del PP, y porque piensan que solo utilizaba las medidas de regeneración democrática para «tapar sus verguenzas».
En concreto
Los socialistas proponen endurecer las penas de la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias, agravar otros delitos cuando los cometa una autoridad, obligar al corrupto a responder al saqueo con todos sus bienes, o prohibir que sea indultado
Piden la creación de una Oficina Anticorrupción y que los altos cargos, parlamentarios y concejales deban renunciar si se abre contra ellos juicio oral, lo que obligaría también a su expulsión del partido y su exclusión de las listas.
Los socialistas persiguen la dedicación exclusiva del diputado nacional, ampliar la prohibición a los ex altos cargos políticos para trabajar en sectores de su responsabilidad de dos a cinco años, y que la financiación ilegal sea delito y además que el partido tenga que devolver todo lo recibido de manera irregular.