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OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Herrera, «defraudado con quien defrauda», pide "excluir a los pillos"

El presidente de la Junta marca el objetivo de «excluir a los pillos y los delincuentes» de las administraciones públicas.

Juan Vicente Herrera señala que no es suficiente con pedir perdón a la ciudadanía.

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León

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«Tenemos que excluir a todos los pillos y a todos los delincuentes». El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, exigirá el abandono inmediato del cargo del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, detenido en el marco de la operación Púnica, si se confirman los hechos por los que permanece detenido desde el lunes.

Herrera, «decepcionado con quien defrauda a los ciudadanos», señaló ayer que además de «pedir perdón» por los casos de corrupción en necesario «reaccionar» y, tras apoyar las medidas adoptadas por el PP contra los implicados.

En el primer acto público tras destaparse la investigación de la Audiencia Nacional, que implica a miembros de su partido, entre ellos el presidente de la Diputación de León, Herrera afirmó que ante un caso de corrupción hay que movilizarse, según recogía ayer la Agencia Ical. «Hay que expresar nuestro rechazo, por supuesto; nuestro dolor y consternación, por supuesto; expresar y pedir perdón, por supuesto; pero también reaccionar».

Aunque aseguró que no hay ningún dato en la investigación de la trama de corrupción política y económica referido «a ningún expediente, ninguna contratación, ninguna subvención de la Administración de Castilla y León», el presidente del Ejecutivo castellano y leonés avanzó una serie de medidas en aras de la transparencia hacia los ciudadanos y ante la alarma social causada por la corrupción.

Así, el Consejo de Gobierno conocerá hoy un informe de la Intervención General de la Comunidad de todas aquellas relaciones —contratos o subvenciones— que la Junta haya podido tener, directa o indirectamente, con la principal empresa de esa trama, Cofely. En caso de que hubiera algún contrato, que estimó que no es así de los datos investigados, se producirá la paralización inmediata. Además, el informe se trasladará a la Audiencia Nacional y se pedirá la comparecencia en las Cortes de los consejeros cuyos departamentos hayan podido otorgar alguna licitación a esta empresa.

«Estoy siempre decepcionado con aquella persona que defraude la confianza de los ciudadanos, un representante democrático lo primero que tiene que ser es honesto y honrado, sobre todo cuando los ciudadanos encomiendan la gestión de recursos públicos», respondió cuando se le preguntó sí se sentía defraudado por el presidente de la Diputación de León.

Herrera, que calificó de «hecho gravísimo» la detención incomunicada de los implicados, explicó que una decisión de este tipo «debe estar sustentada» y aunque reconoció que debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia, los partidos políticos «no pueden refugiarse en ella». Por eso, advirtió que hay que separar el ámbito judicial y la situación política: «Si eso se comprueba, por supuesto, la máxima prueba de esa confianza no sólo es la suspensión de militancia, sino la exigencia inmediata de abandono del cargo».

Tras insistir en la gravedad de los hechos, el jefe del Ejecutivo reconoció que el oficio de los políticos está desacreditado «con razón» por los ciudadanos y añadió que se comprende que, en un momento de crisis y sacrificios, hechos como los conocidos causen «alarma, irriten, enojen y enfaden».

«Mancha la política, alcanza a todos y no hay paños calientes que valgan. Debemos compartir la vergüenza, la alarma del conjunto de la ciudadanía. Por supuesto, que tenemos que pedir perdón por los errores y equivocaciones en las decisiones, en dar confianza a quien luego no la merece», concluyó.