OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Prisión sin fianza para el presidente de la Diputación por amañar contratos para perpetuarse en sus cargos
Marcos Martínez Barazón habría beneficiado a empresas de la trama corrupta para que influyeran en la cúpula del PP y le promocionaran como líder político . . El juez Velasco le imputa hasta seis delitos vinculados a contratos de San Isidro y afirma que tendría participación en las adjudicatarias de sus propios concursos.
La expectación era ayer máxima en la Audiencia Nacional.
El camino de Marcos Martínez Barazón como presidente de la Diputación provincial desembocó ayer en Soto del Real. Ahí le dejó el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sin opción de fianza pero comunicado, después del interrogatorio que terminó de enfocar su papel en la trama corrupta de la operación Púnica. No es uno de los organizadores, como se desprende del auto que no le imputa su pertenencia a organización criminal ni el blanqueo de capitales, aunque sí un personaje capital que desvela la capacidad de la red para moverse como lobby dentro del PP y hacer medrar a sus afines. Para alcanzar este fin, el ex presidente de la administración provincial «habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro», uno de los conseguidores, «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación». Pero no sólo por perpetuarse en el poder le implica el juez, sino que su grado de corrupción se debería «además» a su «participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos» y que le permitirían lucrarse de la organización. Frente a estos cargos, la defensa anunció que recurrirá la decisión judicial y solicitará su traslado a la prisión de Mansilla.
Por la suma de los dos argumentos resuelve Velasco el ingreso de Martínez Barazón en prisión acusado de incurrir «presuntamente en los delitos de negociaciones privadas a funcionarios, prevaricación, relación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude». Una ristra de delitos cada uno de los cuales «tiene señalada pena cuyo máximo es igual o superior a dos años de prisión», según consta en el auto que razona la prisión sin fianza por «el riesgo de fuga» y la probabilidad de «poder alterar elementos relevantes para la investigación del delito».
El engarce de Martínez Barazón en la trama, que empezó a ser investigada por la UCO el 1 de febrero, se logra a partir de la figura de Alejandro de Pedro Llorca. El conseguidor, con el que comió el presidente de la Diputación de León este verano, le habría captado para la red por medio de su empresa de imagen de reputación en internet, Eico. Estos servicios, «por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto», como consta en el auto del juez, que también decretó ayer la prisión sin fianza para el cabecilla, junto a David Majarliza, del «entramado de tráfico de influencias», a quien sí que se le aplica la acusación de organización criminal-
En la tupida red de relaciones «con autoridades públicas que le facilitarían la contratación» a De Pedro Llorca «para sí o para terceros», entrarían como moneda de cambio los contratos de la gestión del fortfait conjunto de la estación leonesa de San Isidro y la asturiana de Fuentes de Invierno, así como otros negocios de la instalación de esquí y contratos de ferias como Intur y Fitur que estarían sobre la mesa. Todo un abanico de negocios en los que la organización, según las pesquisas, habría modelado a su antojo los pliegos de concesión y los procedimientos de negociado en los que se invitaba a las empresas de la trama, como se sustenta en las pruebas documentales encontradas en el ordenador y el despacho de Martínez Barazón y las escuchas recabadas por la Guardia Civil.
En la articulación de estos contratos a favor de Alejandro De Pedro Llorca entraría también como intermediario el empresario Francisco Ruiz Valenzuela, al que el juez, a pesar de dejar en libertad con cargos, coloca como «conocedor y cooperador necesario» en los procedimientos que estaban «predeterminados a su adjudicación a empresas de la trama». Un engranaje más de la red que se encargaba de incluir «a lo largo de todo el expediente de contratación desde la preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación». A pesar de que su mayoría los contratos que afectan a la Diputación de León no se habrían llegado a adjudicar, la investigación sostiene, apoyada en las pruebas de la UCO, que habría un compromiso de concesión del que se derivaría el lucro que le atribuye el juez a Martínez Barazón por su «participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos».
Más allá del posible lucro que cimenta la acusación de cohecho, el auto presenta el comportamiento de Martínez Barazón como instrumento para que la red le aupara políticamente, después de que se hubiera enrocada en su decisión de presidir el partido en León como relevo de Carrasco, frente a las reticencias de algunos sectores , y de poder asentarse como resultado de las elecciones en el sillón de mando del Palacio de los Guzmanes.
El pasado sábado, cuando asistió a la convención intermunicipal celebrada el Murcia, volvió con la foto junto a María Dolores de Cospedal como prueba de que no había ya obstáculos para su inmediato nombramiento como sucesor de quien fue su modelo. Pero en su camino apareció la UCO para entregarlo en Soto del Real.