OPERACIÓN PÚNICA
Granados recibió casas por los amaños en contratos públicos
El juez envía a la cárcel al exdirigente del PP y le imputa hasta ocho delitos Sitúa a Marjaliza como «cabeza» de una red que buscaba el lucro personal
Francisco Granados, en los juzgados de Majadahonda, en la madrugada del viernes.
Francisco Granados, exnúmero dos del PP en Madrid, pasó ayer su primera noche en la cárcel después de que el juez Eloy Velasco ordenase su ingreso en prisión por haber blanqueado dinero desde las cuentas de las que era titular en Suiza, y por haber beneficiado a sus amigos empresarios y a sí mismo con la adjudicación de contratos públicos «a lo largo de su carrera política». La misma suerte corrió David Marjaliza, amigo de la infancia del político conservador, al que el magistrado acusa de ser «la cabeza» de «un complejo entramado empresarial, núcleo de una organización criminal».
El exdirigente del PP declaró por espacio de dos horas ante el juez después de que fracasara su intento de quedar en libertad al presentar un habeas corpus en el juzgado de guardia de Majadahonda (Madrid). En su declaración, según su letrado Enrique Molina, explicó que abrió una cuenta en Suiza en 1996 con 320.000 euros, que traspasó en el año 2000 a su amigo Marjaliza cuando se pasó a la política. También negó que hubiera influido desde su sillón en el Ayuntamiento de Valdemoro y en la Comunidad de Madrid en la concesión de contratos públicos. Y reveló que tenia intención de montar una gasolinera tras dejar la política el pasado mes de febrero, cuando se descubrió que tenía una cuenta con 1,5 millones de euros en Suiza. Asimismo, el político conservador admitió pagos en locales de entretenimiento por importe de 1.500 euros. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que el exconsejero del PP no tiene intención de tirar de la manta para no perjudicar su línea de defensa.
LOS ARGUMENTOS / Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al juez, quien sostiene que Granados es titular «de algunas cuentas en Suiza» en las que existe «la sospecha de blanqueo de capitales agravado». También le acusa de haber beneficiado a sus amigos empresarios «en materia de contratación pública y urbanismo», así como de haber obtenido un lucro personal. Asimismo, el togado asegura que el político del PP recibió como «contraprestación» de sus amigos «diversas operaciones inmobiliarias». Por todo ello, le imputa ocho delitos, entre ellos «organización criminal».
Por su parte, Marjaliza se negó a declarar tras ver rechazado también su habeas corpus. No obstante, su letrado, José Antonio Choclán, explicó que su cliente había admitido que era titular de cuentas en Suiza que alcanzaron cerca de 11 millones de euros (7,5 de cuantía principal y el resto de intereses), que regularizó el pasado febrero al ingresar en el erario 2,5 millones.
El magistrado le considera «la cabeza» de un amplio entramado empresarial cuya actividad está vinculada a «actuaciones administrativas, como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas». Para ello, prosigue el juez, se aprovechó de sus relaciones personales y políticas. Y es que, para Velasco, este imputado «ha patrimonializado la actividad pública con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas».
EL BALANCE / Desde que se desató la operación Púnica, el juez Velasco ha interrogado en los últimos tres días a 35 personas, de las que siete han ingresado en prisión incondicional, 17 han quedado en libertad tras abonar fianzas, siete con cargos y cuatro con obligación de comparecer en el juzgado. Ahora se inicia una nueva etapa: el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre los plazos de detención de Granados y Marjaliza, a petición de estos imputados.