Granados va la cárcel acusado de dirigir una «red criminal» desde el Gobierno de Madrid

Blanqueo de capitales, pertenencia a un grupo criminal, desfalco a la Agencia Tributaria, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, fraude… Durante años y desde los despachos que ocupó dentro de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de la Ejecutiva regional del PP, Francisco Granados manejó los hilos de la ‘trama Púnica’, una verdadera «organización criminal» en palabras del juez Eloy Velasco, quien ayer decretó el ingreso en prisión incondicional del ex secretario general del Partido Popular de Madrid y de su mano derecha, socio y amigo, el empresario David Marjaliza, acusados de componer durante años un tándem que amañó contratos públicos por valor de más de 250 millones de euros.

Granados -dicen los que asistieron a su interrogatorio- llegó dispuesto a defenderse a toda costa, quizás sin saber todavía que la Guardia Civil tiene en su poder ‘pinchazos’ y documentos que le implican en el cobro de comisiones millonarias y en su participación activa con Marjaliza en un entramado empresarial-financiero para sacar esos sobornos fuera de España y traerlos de vuelta ya blanqueados. El ex hombre de confianza de Aguirre trató de endosar, sin éxito, las cuentas en Suiza a su socio y tratar de convencer al juez y a las fiscales que todo es fruto de una confusión. Sólo admitió que abrió una cuenta en el país helvético en 1996 sólo porque su gestor financiero se cambió de banco. Explicó que en 2000, cuando fue elegido alcalde de Valdemoro, «cedió» (sic) esa cuenta a Marjaliza (recuperando los 320.000 euros que allí tenía) porque el banco no le dejaba cancelarla sin más.

Y a partir de ahí negó la mayor durante más de dos horas de interrogatorio a pesar de las grabaciones y papeles que le mostraron. Ni turbios negocios con Marjaliza a través de testaferros y empresas pantallas. Nada de favores a empresarios amigos ni de concursos públicos diseñados a la carta para que ganaran siempre las empresas de la ‘trama Púnica’. No participó en operaciones inmobiliarias en Valdemoro. Ni un soborno. Y nada que ver con la cuenta de 1,5 millones que se vació el pasado diciembre en Suiza y que hizo que las autoridades de aquel país avisaran a España ante el temor de una gran operación de «blanqueo agravado».

Sus explicaciones y las de su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Antonio Molina, no convencieron ni a las fiscales Carmen García y María Teresa Gálvez ni al juez. La estrategia de Marjaliza fue diferente a la de su socio, pero con el mismo destino, la cárcel madrileña de Soto del Real. El empresario se negó a declarar y dejó el peso de su defensa a su abogado, José Antonio Choclán, en su día defensor del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Choclán reclamó directamente la libertad de su defendido basándose en un solo argumento: que su cliente regularizó doce millones de euros que tenía en cuentas en el extranjero, fundamentalmente en Suiza, el pasado febrero. Tal y como recuerdan responsables judiciales, no mencionó el abogado que la decisión de Marjaliza de hacer aflorar su dinero negro llegó sólo días después de que un guardia civil diera el chivatazo a Francisco Granados de que él, Marjaliza y sus esposas estaban siendo investigados a petición de la fiscalía del país helvético por «blanqueo agravado» de capitales. Las prisiones de Granados y Marjaliza elevan a la cifra final de siete los encarcelados de la operación Púnica desatada el lunes y en la que han sido detenidas o imputadas medio centenar de personas.