OPERACIÓN PÚNICA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Instituciones Penitenciarias traslada a Barazón de Soto del Real a Navalcarnero
Los principales implicados en la 'Operación Púnica' son separados en las cárceles de Estremera, Aranjuez y Navalcarnero
El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, ha sido conducido de la cárcel madrileña de Soto del Real a la prisión de Navalcarnero. También han sido trasladados desde el mismo centro penitenciario el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que ingresó en la prisión de Estremera y el empresario David Marjaliza, que se encuentra en la de Aranjuez, según informan medios nacionales.
Asimismo, varios de los detenidos en la llamada 'Operación Púnica', que se encontraban en la prisión de Soto del Real, han sido trasladados a otros centros para separarlos debido a que el juez les atribuye formar parte de una trama organizada, según fuentes de Instituciones Penitenciarias. Además, todos se encuentran en prisiones de la Comunidad de Madrid, ya que los internos tienen que estar a disposición del magistrado de la manera más practica y accesible.
Tampoco se descarta que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los cinco acusados en la trama Púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ni de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza.
El presidente de la Diputación de León ingresó el jueves en la prisión de Soto del Real tras prestar declaración ante el juez Velasco. También están encarcelados desde el viernes Granados y Marjaliza ya que se les considera cabecillas de la trama de corrupción destapada en la operación Púnica. En prisión incondicional se encuentran también el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la mano derecha de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de la empresa Cofely, Pedro García.
También están en Soto del Real el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego, pero pueden abandonar la prisión con una fianza de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente.